Una serie de ataques xenofóbicos contra ciudadanos venezolanos se ha registrado en la ciudad de Ibarra, ubicada a unos 115 kilómetros al norte de Quito, Ecuador.

El brote más agudo se produjo la noche del domingo 20 de enero. Turbas acudieron a varias residencias donde se hospedaban venezolanos, sacaron sus pertenencias y las quemaron en las calles. "Si vuelves a matar, te vamos a quemar", gritaban.

A algunos de los extranjeros los expulsaron de la ciudad al grito de "Fuera, malditos asesinos". En algunos videos se ve cuando corren por las calles, tratando de no perder las pocas pertenencias que les quedaban.

Uno de los episodios se vivió en la terminal terrestre de Ibarra, donde los lugareños comenzaron a corretear a los venezolanos, que se habían concentrado en ese lugar para poder tomar autobuses a otras ciudades de Ecuador.

Un grupo de venezolanos recibió pedradas mientras caminaba por las calles durante la huida. 

Los lugareños, que también llegaron hasta un albergue municipal y prometieron más venganza. "Los venezolanos vienen a robar, a asaltar, a matar", dice uno de los presentes ante la turba.

¿Qué desató la ira de los ibarreños?
La indignación de los ibarreños se produjo desde la noche del sábado, cuando el venezolano Yordi Rafael L.G., de 22 años, tomó por rehén a su pareja, una joven de la misma edad identificada como Diana Carolina Rodríguez Reyes, ecuatoriana, quien tenía cuatro meses de embarazo.

Armado con un cuchillo, el joven sujetaba por el cuello a la víctima. Tras poco más de una hora de negociaciones, la policía local no pudo evitar que Yordi propinara varias puñaladas a su pareja. Ahí fue cuando finalmente intervinieron los uniformados, el hombre fue capturado y la mujer trasladada a un hospital, donde falleció a consecuencia de las heridas.

El hecho ocurrió en pleno centro de Ibarra, ante la mirada de decenas de personas, quienes, ante lo ocurrido, quisieron linchar al criminal, pero la policía los dispersó con gases lacrimógenos.

"Horror inaceptable"
La ministra del Interior, María Paulo Romo, catalogó el suceso como "un horror inaceptable". Señaló que "la muerte de Diana debió ser evitada con el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional". Por ello, informó que fueron removidos de sus cargos la gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, y el jefe policial local.

"Cuando se trata de defender una vida o evitar un delito, la Policía no solo tiene la facultad de usar la fuerza, tiene el deber de hacerlo", manifestó la ministra.

Sin embargo, lo expresado por Romo y la actuación que tuvieron los oficiales al momento de enfrentarse al atacante de Rodríguez, ha abierto un debate sobre los límites de los operativos policiales, en especial, porque la misma ministra dijo: "esto se produce en la ciudad en donde tenemos un policía preso por haber hecho uso de su arma".

La funcionaria se refiere al caso de David V., un policía que está detenido desde agosto del año pasado, procesado por el asesinato de Andrés Delgado, de 24 años, ocurrido durante un operativo policial en Mascarilla, también en la provincia de Imbabura, el 24 de agosto de 2018.

"Controlar la situación legal de los venezolanos"
"Ecuador es y será un país de paz. No permitiré que ningún antisocial nos la arrebate. La integridad de nuestras madres, hijas y compañeras, es mi prioridad", publicó, por su parte, el presidente Lenín Moreno, en su cuenta en Twitter.

Pero añadió: "He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera [...] Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie". Además, habló de la posibilidad de crear un "permiso especial de ingreso al país".

El vicepresidente ecuatoriano, Otto Sonnenholzer, dijo este lunes, en cadena nacional, que la medida que ha adoptado el Gobierno sobre los migrantes venezolanos es "la presentación del pasado judicial apostillado" para ingresar al país.

"Respuesta desatinada"
"La respuesta del presidente Lenín Moreno es imperdonable, desatinada y con elementos que promueven la xenofobia", dice Sebastián Salazar Nicholls, sociólogo y estudiante investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), al manifestar que el mandatario "hace referencia a la nacionalidad del agresor, así como medidas que estigmatizan la condición de migrantes venezolanos".

Añade que esa postura del gobernante deja de lado "el reconocimiento de la violencia de género y el femicidio". Por otra parte, considera que la respuesta gubernamental "ha ocasionado una oleada de violencia y de sufrimiento, lo cual no corresponde a una acertada función de un Gobierno, ni de un primer mandatario".

Para Salazar, con esa postura, el Estado "no ha garantizado de forma adecuada los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana, víctimas colaterales de estos hechos".

¿Qué hacer ante la violencia por xenofobia?
De acuerdo a Salazar, ante la situación que se ha desatado, el Gobierno nacional debería "declarar zona en emergencia la ciudad de Ibarra, con el fin de precautelar la vida y derechos de todas las personas, en particular de los más vulnerables, como las personas en situación de movilidad humana".

"Nunca son suficientes los esfuerzos en educación que permitan fomentar el respeto y la paz como antídoto de la violencia, el machismo y la xenofobia".Sebastián Salazar Nicholls, sociólogo y estudiante investigador de la FLACSO.

Además, señala que hay que recordar a la población que las leyes ecuatorianas castigan la promoción del odio por razones como la nacionalidad. El artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que "la persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas [...] será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años".

"Nunca son suficientes los esfuerzos en educación que permitan fomentar el respeto y la paz como antídoto de la violencia, el machismo y la xenofobia", dice el sociólogo. "Es momento de responder con solidaridad, con mesura y con mucha racionalidad. Al odio se lo combate con inteligencia, empatía y apoyo a los más vulnerables: mujeres, migrantes y otros", agrega.

Respuesta de Venezuela
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, responsabilizó el pasado domingo a Moreno y al Gobierno de Ecuador de haber "incitado una persecución fascista contra los venezolanos".

Este lunes, hubo un nuevo pronunciamiento. El canciller venezolano aseguró que la conducta de Moreno, "además de ser portadora de prejuicios y discriminaciones, es lesiva de los Derechos Humanos y constitutiva de delitospenados tanto en las legislaciones de ambos países como en el ámbito internacional".

Para Caracas, las "brigadas" creadas por el Gobierno de Ecuador para "controlar la situación legal de los venezolanos", son una "medida confesamente derivada de la criminalización de la nacionalidad venezolana" y es lo que ha provocado "un ataque generalizado y sistemático contra una colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos o culturales".

Acciones internacionales
Ante los recientes hechos, dijo Arreaza, el Estado venezolano "se reserva la decisión de acudir a las instancias internacionales pertinentes en busca de determinar las responsabilidades que correspondan en el marco del derecho internacional".

Sobre la exigencia de los antecedentes penales apostillados que el vicepresidente de Ecuador anunció que se hará a los venezolanos, Arreaza aclaró que ese trámite se solicita desde el año pasado.

Este mismo lunes, la Embajada de Venezuela en Quito informó que se activó un "plan especial" del programa "Vuelta a la patria", para los venezolanos que deseen retornar de Ecuador a Caracas.

Además, habilitaron los números de emergencia 0994525289/0984606774 para recibir denuncias e información sobre hechos de violencia que atenten contra la vida e integridad física de los venezolanos en el Ecuador.

Una oleada anterior
No es la primera vez que se desata una ola de xenofobia contra los venezolanos en Ecuador, aunque sí la más fuerte y con ataques que superan lo verbal.

En septiembre de 2017 hubo una primera consternación, principalmente en Quito, luego que una inmigrante venezolana, quien vendía helados en la ciudad capital, fuera entrevistada por un canal de internet, denominado El Quiteño. Ella dijo, con burla, que los ecuatorianos son "feos" y "parecen indios".

En ese momento, varios venezolanos, principalmente vendedores informales, recibieron ataques, en su mayoría verbales, en la calle y muchos de ellos decidieron, entonces, migrar a otros países.

A finales de agosto del año pasado, en Quito se realizó una marcha, que tenía como consignas 'Ecuador libre de malos extranjeros' y 'Ecuador Primero'; aunque tuvo su contramarcha, en la que los otros decían: 'Los oprimidos no tenemos patria'.

Contra la violencia de género y la xenofobia
El domingo 20 de enero, cientos de personas se congregaron frente a la tribuna de la avenida de los Shyris, al norte de Quito. En principio la manifestación había sido anunciada para pedir justicia por la violación grupal de una mujer, identificada con el nombre ficticio de Martha, ocurrida el domingo 13 de enero en una bar de la capital ecuatoriana, pero a la convocatoria se sumó el reclamo por el asesinato de Diana Rodríguez.

Este lunes se realizó otra manifestación. La concentración es en ese mismo punto, pero con una marcha hasta la sede de la Fiscalía, en el centro de Quito, por Martha, Diana "y todas las víctimas de violencia machista", dice la convocatoria.

"Recordamos que no vamos a permitir discursos de odio y xefónobos en la marcha", enfatizan los organizadores.

Además de cantar consignas a favor de detener la "violencia machista", las participantes se expresan contra la xenofobia en todo Ecuador.

El año pasado, 88 mujeres fueron víctimas de femicidio en Ecuador, según cifras de la Fundación Aldea, Taller de Comunicación Mujer, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Red de Casas de Acogida.

El 58 % de los casos de las víctimas tenía entre 14 y 34 años; pero también hubo menores de 18 años (9 %) y menores de 5 años (7 %).

Edgar Romero G.

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