Las reclamaciones de Armenia se referían a los juicios en curso contra Vardanyan y otros 15 individuos en el Tribunal Militar de Bakú, los cuales están relacionados con hechos vinculados a la agresión de Armenia contra Azerbaiyán y a crímenes cometidos durante y tras el conflicto armado conocido como la Guerra Patria de 2020.
Tras un exhaustivo análisis de la respuesta presentada por la parte azerbaiyana, así como las pruebas correspondientes a la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Corte decidió no solicitar información adicional ni iniciar una investigación independiente ni emitir dictámenes periciales respecto a las condiciones de detención de los acusados.
En este contexto, se ratificó que las personas de origen armenio sometidas a juicio están siendo tratadas conforme a las normas legales de la República de Azerbaiyán, así como de acuerdo con las disposiciones del derecho internacional aplicable. Asimismo, se destacó que dichos individuos han sido visitados en varias ocasiones por representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos de Azerbaiyán.
La decisión de la Corte hace mención también de la última resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cual corrobora que Ruben Vardanyan se encuentra bajo detención debido a cargos penales relacionados con graves amenazas a la seguridad nacional, pública y al orden de Azerbaiyán.
Este fallo reafirma que las solicitudes presentadas por Armenia, consideradas infundadas y carentes de fundamento jurídico, no han logrado influir en el curso de los juicios en marcha. La Corte considera que dichas reclamaciones buscan, en última instancia, perturbar el proceso judicial y desviar la atención de las acciones ilegales cometidas por el régimen que Armenia ha establecido de manera ilícita en los territorios anteriormente ocupados.
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