Sólo los Gobiernos de extrema derecha prohíben los símbolos comunistas
El presidente Petró Poroshenko aprobó una serie de leyes que, por un lado, prohíben la simbología soviética y, por otro, restringen el acceso a los archivos de la época, que abarca el período que va de 1917 a 1991.
Una de estas iniciativas legislativas implica la demolición de estatuas y el cambio de nombre de cientos de calles y plazas en territorio ucraniano. Al mismo tiempo, se ha fundado el Instituto de la Memoria Nacional y se le ha concedido el monopolio sobre el acceso y el uso de documentos históricos.
"A este centro se van a transferir todas las actas de los órganos soviéticos de represión, los servicios secretos soviéticos del KGB y los de su versión ucraniana, la SBU. (…) La institución se encargará a partir de ahora en exclusiva de estudiar estos documentos. Y de permitir quién puede acceder a ellos", apunta Antonio Martínez, periodista del diario español.
Según varios historiadores occidentales, aludidos en lo sucesivo por el autor, el trabajo de la institución tiene como objetivo "minimizar el papel que jugó la resistencia nacionalista ucraniana, que en un primer momento se acercó a los nazis". En las limpiezas étnicas "fueron asesinados hasta 100.000 polacos y varias decenas de miles de judíos".
La obra de los historiadores contemporáneos ucranianos son un "monumento a la limpieza y a la falsificación", señala uno de los expertos citados en el artículo, el eslavista Jeffrey Burds, procedente de EEUU.
"Y Ucrania no está sola en este esfuerzo revisionista", subraya el columnista. El Gobierno polaco planea destruir todos los monumentos que de algún modo recuerden a la época socialista, sobre todo los que honran al Ejército Rojo. Con la autorización del Instituto de la Memoria Nacional de Polonia, se construirán "parques educativos" como una especie de reserva para otros 500 monumentos de la época socialista que aún quedan en el país. Los objetos transferidos a estos "cementerios" serán presentados con la "pertinente explicación histórica".
Por otro lado, la legislación polaca prevé una pena de cinco años de cárcel para quienes afirmen la complicidad de Polonia en el Holocausto. La medida se debe a que cada vez más periodistas del país exigen solidaridad en la responsabilidad por los campos de concentración de Sobibor y Auschwitz, instalados en el territorio polaco.
Hungría es otro "actor clave" en la región, que pretende borrar los momentos oscuros de su historia, sostiene el periodista de El Confidencial. Martínez hace referencia a los actos de conmemoración del Holocausto en 2014, cuando los judíos del país se negaron a participar, "rechazando cerca de un millón de euros del estado".
Encuentran en Hungría más de 6.000 documentos de víctimas del Holocausto
Se desencadenaron entonces polémicas alrededor del monumento a las víctimas del genocidio hebreo, que iba a ser erigido en la plaza de la Libertad de Budapest. La idea era representar un águila alemana abalanzándose sobre el arcángel Gabriel, símbolo de Hungría.
El sentido alegórico del monumento contradecía las palabras del presidente húngaro, quien el mismo año reconoció la colaboración del país con los nazis. Tras la intervención de Alemania en Hungría, miles de judíos —de hecho, el 70% de los israelitas que vivían en el país— fueron deportados a campos de concentración y asesinados.
Esta iniciativa fue tildada de "intento cobarde" y parte de una "campaña de limpieza de la historia" por otro historiador estadounidense, Randolph Braham.
Etiquetas: