Según la versión de Gritsak, al francés, detenido el pasado 21 de mayo, se le incautaron cinco fusiles Kaláshnikov, más de 5.000 cartuchos, dos lanzagranadas y 18 proyectiles para los mismos, 125 kilos de explosivo trotilo, 1.000 detonadores, 20 pasamontañas y otros objetos. “Trabajamos durante medio año y documentamos por etapas cada paso. Al principio pensábamos que se trataba solo de una organización terrorista. Pero encontramos una estructura que actúa en Francia, que está insatisfecha con las autoridades y que quiere cometer varios actos terroristas durante el campeonato”, añadió. Fuentes policiales francesas citadas por Reuters se mostraron escépticas con el asunto.
Según Gritsak, el detenido propuso que los explosivos fueran llevados al territorio de Europa acompañado de un ciudadano ucraniano y este hecho constituye, según él, una indicación de que podría haber una “pista rusa”.
Las acusaciones de torturar prisioneros figuran en el último informe sobre observación de derechos humanos efectuado por la ONU, que el viernes presentó en Kiev el ayudante del secretario general, Iván Shimonóvich. Este alto funcionario afirmó que tenía “documentos de acusaciones referidas a centenares de casos de torturas” tanto en el territorio controlado por las autoridades ucranianas como en el territorio no controlado por ellas.
Ucrania ha negado las acusaciones de torturas, pero el lunes por la mañana, como respuesta a las declaraciones del alto funcionario de la ONU, el fiscal general ucranio, Yuri Lutsenko, realizó una inspección extraordinaria en los calabozos del SBU en Kiev, conjuntamente con la defensora de Derechos Humanos de la Rada Suprema (Parlamento), Valeria Lutkovskaia, y Vasili Gritsak.
En este contexto, el lunes, en pleno escándalo por la negativa de Ucrania a cumplir con sus obligaciones como firmante del protocolo opcional de la convención contra la tortura, Gritsak dio una rueda de prensa en la que dijo que el servicio que dirige había conseguido evitar una serie de 15 atentados que se planeaban en Francia coincidiendo con el Campeonato Europeo de Fútbol que comienza el próximo día 10.
Afirmó el alto cargo ucranio que, como resultado del “trabajo colectivo” de un “gran equipo” de funcionarios del SBU, se había seguido la pista de un ciudadano francés que llegó a Ucrania en diciembre de 2015 haciéndose pasar por voluntario. El francés en cuestión estableció contacto con representantes de formaciones armadas en el Este de Ucrania, según la versión del SBU, y tras prometerles ayuda comenzó a interesarse por la posibilidad de comprar armas, explosivos y otros artilugios bélicos en Ucrania. Añadió Gritsak, --según el relato de los medios de información ucranianos--, que el francés se había expresado de forma negativa sobre las actividades de su Gobierno en lo que se refiere a la inmigración masiva, los extranjeros en Francia, la difusión de la religión musulmana y la globalización del mundo.
El presidente del SBU mostró un vídeo donde se ve a un individuo solo cargando cajas y armas en un turismo y después cómo un comando armado apresa al conductor. Señaló Gritsak que la operación debía servir para eliminar el “escepticismo” sobre los servicios de seguridad ucranianos. Durante su visita al calabozo del SBU en Kiev, Gritsak acusó a la Dirección General de Inteligencia (el GRU, dependiente del Ministerio de Defensa) de Rusia de haber querido volar esas instalaciones, aunque no quedó claro cual sería la intencionalidad de tal gesto.
La delegación del subcomité de la ONU para la prevención de la tortura inició su inspección en las cárceles ucranianas el 19 de mayo, pero, alegando que en la misión había un ciudadano ruso, el SBU no permitió a la misión el acceso a sus dependencias de Mariupol y Kramatorsk, en la zona de conflicto en el Este de Ucrania. El subcomité se vio obligado entonces a interrumpir su misión y el jefe de la delegación, el británico sir Malcom Evans, manifestó que la negativa al acceso “infringe las obligaciones de Ucrania” como firmante del protocolo opcional (OPCAT) de la convención contra la tortura. El hecho “supone que no hemos podido visitar algunos sitios sobre los que hemos oído numerosas y serias informaciones sobre personas detenidas y donde puede haberse dado la tortura o malos tratos”.
“El subcomité de las Naciones Unidas para la prevención de la tortura espera que Ucrania cumpla sus obligaciones internacionales derivadas del protocolo opcional que ratificó en 2006 y también esperamos que el Gobierno de Ucrania inicie un diálogo constructivo con nosotros para permitir al subcomité que continúe su visita en el próximo futuro y así trabajar juntos para establecer mecanismo de protección eficaces contra el riesgo de tortura y malos tratos en lugares donde la gente está privada de libertad”, señala un comunicado de la institución.
El lunes, tras la visita al calabozo del SBU en Kiev, la defensora de derechos humanos de la Rada afirmó no haber encontrado pruebas de torturas. No obstante, el fiscal general nombró a un activista de derechos humanos para supervisar el trato que se imparte a los detenidos en las prisiones de Ucrania.
Estados Unidos emitió la semana pasada una alerta de viaje en la que advertía a sus nacionales del riesgo de que se produjeran atentados en Europa este verano y advirtió específicamente acerca de la Eurocopa como potencial objetivo.
El Gobierno de Francia, en estado de alerta antiterrorista tras los atentados del pasado noviembre en París, ya anunció que movilizará a "más de 60.000 policías y gendarmes" para proteger la Eurocopa de fútbol, que comienza el 10 de junio. "El 100% de precauciones no garantiza el riesgo cero. Hacemos todo lo posible para evitar un ataque terrorista y nos preparamos para responder. Más de 60.000 policías y gendarmes estarán sobre el terreno", declaró el titular de Interior, Bernard Cazeneuve, que también destacó el despliegue de 26.000 efectivos para el Tour de Francia.
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