El acuerdo de la Unión Europea con Turquía para devolver a refugiados y migrantes lleva dos meses en vigor sin que una sola persona que haya solicitado oficialmente asilo haya sido expulsado a territorio turco. Los ministros de Interior de la UE han urgido este viernes a Grecia a tomar ya las primeras decisiones, que deben ser adoptadas por los jueces. El primer fallo judicial emitido hasta ahora no resulta muy halagüeño para el futuro de este pacto migratorio. Un demandante (uno de los 8.000 arribados desde que el 20 de marzo entró en vogor el pacto) que solicitó protección en Europa acaba de ver reconocido ese derecho y, por tanto, no podrá ser reenviado a Turquía, según confirman portavoces griegos y de la Comisión Europea.

El polémico pacto adoptado entre Bruselas y Ankara en marzo dictaba que toda persona llegada desde las costas turcas a las griegas a partir del 20 de marzo sería retornada porque, según la UE, las autoridades turcas le procuraban allí una protección equivalente a la que obtendría en Europa. Dos meses después, ha habido menos de 400 expulsiones y ninguna de ellas incluía a sirios o personas de otras nacionalidades que hubieran pedido asilo. Los deportados eran migrantes económicos.

“Hemos dado a Grecia y a la agencia europea de asilo garantías sobre la protección en Turquía. Y los Estados miembros han apoyado esas garantías”, ha explicado el comisario europeo de Migración, el griego Dimitris Avramopoulos, tras la reunión de ministros celebrada en Bruselas. Con ese respaldo, los Estados miembros tratan de convencer a las autoridades griegas de que tienen amparo legales para reenviar a Turquía a los potenciales refugiados arribados desde allí.

Los jueces griegos se han mostrado hasta ahora reacios a tomar decisiones cuya base legal es discutible. La UE consideró ajustado a la norma reenviar a los sirios a Turquía porque este país ha cambiado sus normas para dar a esos refugiados –que no disfrutan de ese estatus en territorio turco- una protección similar a la europea. Pero Grecia no dispone de ninguna ley que considere a su vecino turco como un país seguro para los demandantes de asilo, explican fuentes de ese país. Y, por tanto, cada decisión se adopta de manera individual, atendiendo al caso concreto del refugiado que pide asilo.


Pese a que la Comisión calculó que las decisiones judiciales estarían listas en el plazo de un mes desde la presentación de las primeras solicitudes, los juzgados han ido acumulando casos de personas que recibían una primera decisión negativa, pero recurrían. Y es ahora cuando se ha producido el primer fallo definitivo sobre uno de esos recursos. Un juez griego ha reconocido el derecho de un asilado a quedarse en Europa, una decisión que cuestiona todo el marco acordado con Turquía. Bruselas teme que tanto este caso como la demora en el resto de sentencias reaviven el tránsito por la llamada ruta del Egeo, que el año pasado recibió casi un millón de personas y que tras el pacto con Ankara casi se ha sellado.

Fuentes comunitarias aseguran que este caso no tiene por qué constituir un precedente. Los detalles son confidenciales, por lo que se desconocen los argumentos que ha empleado el juez para amparar al demandante de asilo. Podría ser un ciudadano kurdo cuyos derechos no estuvieran garantizados en Turquía, pero también es posible que no se trate de un caso tan evidente.

Oficialmente, Grecia brinda su apoyo al pacto para expulsar migrantes y refugiados a Turquía, pero en la práctica su aparato judicial es reacio a tomar decisiones delicadas. “Hay un puñado de casos esperando en diferentes instancias judiciales porque hay que hacer un análisis individual de cada uno. Pero nosotros creemos que el acuerdo UE-Turquía se mantiene”, ha defendido el ministro holandés de Migración, Klaas Dijkhoff.


En medio del debate sobre si se concede a Turquía, Ucrania, Georgia y Kosovo el derecho a que sus ciudadanos viajen a Europa sin visado, Europa ha querido protegerse frente a un posible aumento de los flujos. Los ministros del Interior han aprobado una propuesta para poder aplicar un freno de emergencia a esa desapación de visados si se detecta una entrada desproporcionada de ciudadanos de cualquier país tercero. Aunque el texto final debe ser ahora pactado con el Parlamento Europeo, la decisión se ha adoptado en un tiempo récord (solo 16 días después de que la Comisión Europea presentara su iniciativa).

Con el nuevo esquema, la UE solo tendrá que aguardar dos meses de flujos incrementados -frente a los seis actuales- para reintroducir el visado a los países desde los que se detecte un repunte en las llegadas. Esa suspensión de la libertad de visados podrá ser promovida por la Comisión Europea, que hasta ahora no iniciaba el procedimiento, o por un Estado miembro. Aunque ningún ministro quiere ligar este mecanismo a las próximas decisiones de exención de visado, la idea surgió a raíz de la recomendación de Bruselas de eliminar los trámites consulares para ciudadanos turcos.

Como muestra de que Europa está dispuesta a hacer grandes concesiones para salvar el pacto con Turquía, tanto el titular holandés como el comisario han pasado de puntillas sobre la decisión adoptada este viernes por el Parlamento turco de levantar la inmunidad de los parlamentarios. Esa medida, que requiere un cambio constitucional, es vista como un intento del presidente, Recep Tayyip Erdogan, de poder perseguir por delitos de terrorismo a los diputados del partido prokurdo en la Cámara turca. Fuera del ámbito de los ministros, en cambio, la alta representante para la Política Exterior Europea, Federica Mogherini, y el comisario de Vecindad, Johannes Hahn, han destacado la "grave preocupación" que les suscita esa medida, según un comunicado conjunto.

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