En un clima adverso, la campaña electoral, la Administración de Barack Obama ha logrado un acuerdo con la oposición republicana de la Cámara de Representantes para proporcionar a Puerto Rico, país libre asociado a Estados Unidos, un marco que le permita reestructurar su deuda sin, en principio, gastar un dólar del presupuesto federal. La economía puertorriqueña arrastra una crisis de más de una década y un lastre de pasivo de 70.000 millones de dólares que, según reconoció hace un año, es incapaz de pagar.

Demócratas y republicanos han superado meses de disputa para presentar un proyecto de ley que permita a Puerto Rico ampliar plazo y reducir los pagos de esa deuda, pero los conservadores reclaman que se excluya un rescate federal. Tampoco habrá para la isla un Capítulo 11, que es la vía para acogerse a una quiebra ordenada, como la que logró la ciudad de Detroit.

El diablo se esconde, por tanto, en todos esos detalles que se tienen que negociar ahora. El presidente de la Cámara baja, el republicano Paul Ryan, tendrá que hacer frente a la oposición de algunos miembros de su propio su grupo, que rechazan que el pago de la deuda puertorriqueña pueda recaer en los contribuyentes estadounidenses.

“La introducción del proyecto de ley marca supone un paso adelante en la buena dirección, el Congreso debe mantenerse firme y resistir las llamadas de los intereses financieros para socavar este esfuerzo”, señaló el secretario del Tesoro estadounidense, Jack Lew, en un comunicado. También lamentó, no obstante, que la norma presentada no recoja sus propuestas “para promover el crecimiento económico y proveer soluciones del sistema de salud a largo plazo”.

El peculiar estatus jurídico de Puerto Rico forma parte del origen de la crisis estructural del país, que compite con las economías vecinas del Caribe, pero sometida a algunos marcos regulatorios equivalente a los de EEUU y que ha perdido además algunas de las ventajas fiscales con las que contrarrestaba esa desventaja. Los puertorriqueños, además, emigran con facilidad a Estados Unidos como ciudadanos estadounidenses que son, así que el país ha perdido un 10% de la población en los últimos 10 años, lo que retroalimenta la crisis.

Tras haber incurrido ya en dos impagos de poca cuantía, el 1 de mayo Puerto Rico dejó sin pagar el mayor montante de su historia, de 422 millones de dólares. “No queremos un rescate financiero. Ni nos lo han ofrecido. Lo que queremos es un proceso de reestructuración que no le costará nada a los contribuyentes de EE UU Simplemente necesitamos las herramientas legales que nos permitirán enfrentar esta crisis y asegurar que Puerto Rico, de cara al futuro, sea viable”, dijo entonces el gobernador, Alejandro García Padilla.

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