Los costes que el consumidor paga en España por acceder al suministro de energía son altos. Una enmarañada legislación y la acción opaca de los órganos reguladores resultan en unos costes ―a menudo fijos― de transporte y distribución que en muchos casos pueden llegar a ascender a casi la mitad del importe de la factura.
De resultas, los españoles tienen unos de los recibos de luz y gas más caros de la Unión Europea. Para acabar con una situación en la que por mucho que se modere el consumo o se trate de ahorrar en el gasto eléctrico o de gas, la factura siempre acaba siendo alta, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha elaborado unas nuevas circulares, de aplicación en 2020 para la electricidad y 2021 para el gas, por la que se fijará el precio de la energía de un modo más transparente y se ayudará a su abaratamiento, lo cual también repercutirá en la retribución que reciben las empresas distribuidoras. ​Esto supondrá un ahorro que primeramente se destinará a saldar la deuda con el sector eléctrico (unos 17.000 millones de euros) y gasístico (alrededor de 1.000).

Pero el abaratamiento del transporte y la distribución tendrá reflejo en la factura final, un 3% en el consumo de los hogares y hasta un 6% en el de las empresas. De acuerdo con la CNMC, el cambio de modelo persigue mejorar la eficiencia energética y la integración de las energías limpias. Para ello, se pretende actualizar la red existente y ejecutar nuevas inversiones que posibiliten alargar la vida útil de las instalaciones, para que el consumidor y el propio sistema obtengan un ahorro.

Un gasto fijo enorme
Para el experto español en materia energética Jorge Morales De Labra, ingeniero, director de Nueva Energía y exmiembro de órganos consultivos como el de la Comisión Nacional de la Energía, las iniciativas son positivas, pese a no atañer al 100% del recibo final y sólo al coste de transporte y distribución, los llamados peajes.

"Lo que va a hacer ahora la CNMC es que no sólo va a establecer lo que tienen que cobrar las compañías, sino que además va a establecer cómo se reparte lo que cobran de los diferentes consumidores", comenta el este experto, para quien estas circulares suponen una nueva metodología, menos opaca y más objetiva que la anterior.

"Es un avance importante, supone una mayor transparencia en unos costes que son significativos, unos 7.000 millones de euros al año sólo en peajes. Son unos costes regulados de un servicio donde no hay competencia en esas actividades y por tanto hay un regulador, en este caso la CNMC, que establece lo que tienen que cobrar las compañías".
"¿Esto va a ser perfecto?", continúa este experto.

"Pues no, porque esta nueva metodología contiene aspectos criticables, ya que parte de un modelo de red caduco que no tiene en cuenta los efectos del autoconsumo, que está cambiando la fisonomía del consumo en España y otros países".
Pero es mucho mejor que lo que teníamos hasta ahora, que era muy opaco y donde el reparto de esos 7.000 millones obedecía a una decisión política", abunda en su explicación Morales De Labra, conocido también por su implicación en el desarrollo de energía limpias y autor del libro Adiós, Petróleo.

¿Hacia un modelo de consumo de coste nulo?
El asunto es muy llamativo, pues si por término medio un consumidor en España paga al año unos 200 euros sólo en concepto de peajes, el dato es vital de cara a la innovación del sector eléctrico.

"Pero la CNMC zanja la discusión con un criterio sacado de la manga. Ahí es donde tengo muchas diferencias con la metodología aprobada por el regulador. Yo abogo por un modelo de facturas de energía de coste cero. Es un camino largo, no inmediato", explica.
¿Y cómo es tal modelo?

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"Hay personas que se instalan placas solares en casa, luego se compran un coche eléctrico, que lo recargan mediante esos paneles solares, y después sustituyen su sistema de calefacción (butano, propano, gas natural) por uno renovable, como la geotermia, a su vez e alimentado por paneles. La energía que les puede faltar se compra de la red o bien la extraen de una batería donde almacenan sus excedentes. Al final es un modelo conectado a la red eléctrica, no aislado, pero donde se comparte energía con otros consumidores o vecinos".
El problema para avanzar hacia un sistema de esta naturaleza, continúa este experto, "es que si esos 200 euros te los meten en la parte fija, tienes pocos incentivos para incrementar tu eficiencia energética.

"¿Para qué vas a consumir menos si te van a cobrar lo mismo?", razona.
Y es que dentro de esta problemática el incentivo es esencial, pues se trata de consumir menos, ahorrar energía. "Sobre todo si los peajes están repercutidos de modo variable, porque si tu término es fijo, sigues pagando lo mismo", dice. "¿Debemos pagar la red sólo cuando la usamos o un canon fijo? Esto es lo que va a marcar la transición energética, porque va a marcar cada una de las microinversiones que realizan los consumidores".

La perspectiva del nuevo modelo y su traba por ley
En la actualidad, las grandes compañías energéticas (Naturgy, Iberdrola, Endesa o EDP) controlan más de la mitad de la producción de energía eléctrica y fijan los precios. Es decir, no hay una competencia real. Para Morales De Labra, "sería muy conveniente hacer subastas de energía, pues de otra forma el abaratamiento que se viene observando en la producción de energía, no se trasladará al consumidor y sólo quedará en los beneficios empresariales".

El gas, con menor impacto climático que otras fuentes fósiles de energía, está sustituyendo de forma rápida a las centrales de carbón que se han venido cerrando en toda Europa. "Dicho de otro modo, si no tuviéramos las centrales de gas, habríamos tenido un problema al eliminar las de carbón", afirma. "Pero es un papel que el gas natural juega a corto plazo".
"Otra cosa es el gas renovable, que se obtiene inyectando hidrógeno al gas natural, hidrolizando el agua. Se pueden aprovechar los excedentes de energía solar del verano para hidrolizar agua e inyectar ese hidrógeno en la red de gas natural para que luego se pueda quemar en una central de ciclo combinado durante el invierno.

"Esto sí que tiene futuro a largo plazo. La red de gas está sobredimensionada, pero no cabe eliminarla, se puede utilizar para inyectar gas limpio y cubrir una parte de la demanda que de otra forma se cubriría a un precio mucho mayor".
La inestabilidad política, gran obstáculo
La estabilidad política es la mejor garantía para llevar a buen término la transición hacia un nuevo modelo energético, más ecológico y barato, pues hay que aprobar proyectos a largo plazo. Además, según señala Morales De Labra, "España ha estado gobernada hasta hace muy poco por un partido que en el fondo es negacionista del cambio climático [el PP] y que persiguió a las empresas de energía renovable".

“El caso de las Islas Canarias es escandaloso. El recurso es mucho más estable allí que en otros lugares de Europa. Son el laboratorio perfecto para hacer este tipo de desarrollos. Sin embargo, la ley no lo permite. Hay que modificar la ley para trasladar estas innovaciones”.
Sin embargo, el hecho de que, Teresa Ribera, actual ministra española de Transición Ecológica y Reto Demográfico sea también vicepresidenta del Gobierno es un factor positivo, ya que coordinará mejor con otros ministerios el proceso.

"Por ejemplo a nivel fiscal, donde hay muchas trabas", apunta este experto. Pero la exigua mayoría parlamentaria del Gobierno puede no bastar para suscribir los necesarios consensos en aras del nuevo modelo energético en España. Al respecto, el experto concluye optimista:
"El cambio de modelo energético es imparable porque, además de ser más limpio, es más barato. Y cuando hablamos de dinero, el movimiento no es solamente de un grupo reducido de gente concienciada con el medio ambiente, sino que es algo más masivo, de toda la población. El modelo no se cambia en dos días, pero la senda es clarísima. El cambio es inexorable".

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