El presidente de Argentina, Mauricio Macri, contra las cuerdas, anunció ayer que su Gobierno inició conversaciones con el FMI para negociar un acuerdo de «apoyo financiero» con el que responder al desplome del peso. «Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global», dijo el presidente Macri ayer en una breve declaración por televi- sión. «Somos uno de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo», agregó el mandatario.

Con esta medida Macri buscaba ofrecer una señal de tranquilidad ante una situación de pánico por el peso argentino que, durante los últimos meses, no ha dejado de perder valor frente al dólar americano, divisa que vive una «fiebre» de compras. Pero el anuncio sin embargo no tranquiliza a nadie.

Pese a los ajustes del Gobierno y el Banco Central anunciados durante los últimos días, el peso argentino completó un desplome de hasta el 15% en una semana. El pico llegó el pasado viernes. Se espera que el apoyo del FMI se materialice con un préstamo, cuya cifra no fue anunciada –aunque el diario «Clarín» adelanta que se trata de al menos 30.000 millones–, con el que abastecer al mercado de dólares y detener una crisis cambiaria que puede traducirse en más inflación. Comprar dólares para detener la devaluación. Sin embargo, las preguntas surgen: ¿Por qué los 55.000 millones de las reservas no son autosuficientes?

El presidente asegura haberse encontrado con unas cuentas públicas en muy mal estado tras el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que enfocó su política económica proteccionista en promover el consumo y financiar al Estado con grandes inyecciones de capital del Tesoro nacional. Macri, un ex empresario de centroderecha, ha volcado la política económica del país hacia los mercados, después de haber saldado cuentas con los llamados fondos buitre.

Con eso, Argentina se volvió particularmente dependiente del contexto internacional, que estos días ha vivido una fuga de capitales hacia Estados Unidos. La salida de capitales –no había restricciones–, añadido a que el Gobierno argentino justo venía de aprobar un impuesto a la renta financiera, hicieron que muchos inversores salieran del país y se produjera la volatilidad cambiaria de la última semana.

Según filtraba la prensa, el propio Macri llamó por teléfono a la titular del FMI, Christine Lagarde. Esa conversación fue casi de protocolo: duró apenas tres minutos. Desde el Gobierno aseguran que se pagará una tasa de interés «mucho más baja» que la de mercado. «Es un crédito grande, que justifica pagar el costo político», indicaron.

Este contexto, caracterizado por la escalada del dólar, que ha aumentado los precios de los bienes importados y reducido el poder adquisitivo de los consumidores, así como por la inflación interanual –que se elevó en marzo hasta el 25,4%, una de las tasas más altas del mundo– complica que el Gobierno cumpla con este y otros de sus objetivos financieros, lo que hacen estar pasando a la tercera economía más importante de Latinoamérica por una situación delicada.

Desde que llegó al Gobierno en diciembre de 2015, el presidente Macri dio un giro a la política económica heredada. Su estrategia –que cuenta con promesas tan ambiciosas como llegar a la «pobreza cero»– ha sido abrir y ajustar la economía gradualmente para que haya equilibrio fiscal y vuelvan las inversiones tras una década de populismo alejado de la ortodoxia.

Por eso, saldó cuentas con Wall Street para poder volver a emitir deuda; aumentó de forma abrupta las tarifas de los servicios públicos; reestructuró el gasto público; acabó con el control de cambios y desreguló el mercado financiero. Medidas liberales, sacrificios que no han dado sus frutos. Inversiones que no llegan, una inflación que ronda el 20%... Argentina se ha vuelto demasiado cara para los argentinos, y todo a un año de las próximas elecciones.

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