La plataforma convocó ayer a los medios para expresar su malestar y descontento con la actitud de Cort y exigir una vez más el impulso de la ordenanza. Hoteleros y vecinos consideran que solo así podrá erradicarse el turismo de borrachera que durante la temporada alta campa a sus anchas y «complica tanto la vida a turistas y residentes». El presidente de la asociación de vecinos de la Playa de Palma, Francisco Nogales, reveló la «preocupación» que se ha instalado entre los vecinos y se mostró muy desanimado: «Si no hay ordenanza cívica la Policía no tiene armas para frenar a los trileros y luchar contra el vandalismo de la zona». «Es una preocupación muy grande que el tripartito no llegue a un acuerdo para hacer una ordenanza como necesitamos», abundó.

Más claro agua. Y como Nogales, el resto de líderes de las asociaciones que forman parte de la plataforma. Todos fueron tajantes, piensan que Cort ha incumplido «todo lo hablado y pactado en los últimos meses» y que las promesas y los compromisos adquiridos se han quedado en nada. «Si no se aprueba pronto, nos espera un verano terrorífico, como otros muchos años», expresaban ante los medios. Hasta el punto de que no descartan movilizaciones en el futuro si la situación no mejora.

En esta línea, el presidente de la Agrupación Ciudadana Ciutat de s'Arenal, Biel Barceló, recordó que el Consistorio se comprometió a aprobar antes del inicio de temporada una modificación de la ordenanza de convivencia en los espacios públicos y lamentó que, a día de hoy, no sea así. «Están perjudicando a la industria hotelera y a los vecinos. Ya teníamos que haber erradicado el turismo de borrachera», sostuvo Barceló, quien lamentó que «hasta que no se empieza a presionar, se retrasan los compromisos». A su juicio, existen dos tipos de turistas, «el que busca calidad y el que viene de fiesta descontrolada». Sobre este último, añadió, tanto hoteleros como vecinos quieren que «desaparezca».

Al mismo tiempo, tanto los residentes como los empresarios con intereses en el lugar denunciaron el abandono que sufre la Playa de Palma en cuanto a inversión pública y exigieron un mayor esfuerzo por parte de las administraciones para revertir los efectos del turismo. En esta línea, exigen a Cort que «consiga fondos que permitan ejecutar una serie de proyectos de mejora en las infraestructuras». Y para ello, le instan a que recurra a mecanismos como la Ley de Capitalidad, la ecotasa, el Consorcio de la Bolsa de Plazas o incluso a través de sus propios presupuestos. Todo para poder impulsar un mantenimiento «básico y general del mobiliario urbano», que en estos momentos brilla por su ausencia. Solo así, según los denunciantes, podrá revertirse el actual modelo turístico, ya que «supone un fuerte problema medioambiental, tanto en suciedad como en ruido».

La plataforma no entiende por qué en Canarias el Gobierno central sí está invirtiendo a través de diversos convenios de colaboración directos y finalistas, y en el caso de la Playa de Palma los fondos no terminan de llegar, ni con convenios ni con los presupuestos generales. Hasta el Estado se ha salido del Consorcio de la Playa de Palma hace escasas semanas, lo que deja bien a las claras las dificultades que afronta el destino en este sentido.

Elmundo.es

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