“(Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí) en cuanto ciudadanos españoles tienen derecho a presentarse como candidatos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo (PE)”, ha dictaminado este domingo por unanimidad la Sección Cuarta de la Sala Tercera del TS español.

La corte enmienda así la plana a la Junta Electoral Central (JEC) del país europeo, que el lunes pasado decidió excluir a los tres líderes independentistas huidos de las listas de candidaturas a la Eurocámara, estimando que su presencia en el proceso electoral era una “burla” a la ley, y que incumplían la normativa al no residir en las localidades donde están empadronados.

El TS determina, sin embargo, que la competencia para resolver los recursos presentados por los excluidos contra esa decisión corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid (capital), al que ordena que actúe “de inmediato” en el sentido que le indica.

Frente a los argumentos del Partido Popular (PP) y Ciudadanos, que alegaban que Puigdemont, Comín y Ponsatí “no reúnen todos los requisitos de elegibilidad”, los jueces recuerdan que la Ley Electoral española sólo establece la inelegibilidad para los condenados por sentencia firme, y no para los declarados “en rebeldía, como se encuentran los recurrentes”.

Puigdemont —expresidente del govern autonómico catalán— y sus exconsejeros están huidos de la Justicia española desde 2017 —el expresident y Comín en la capital belga, Bruselas; Ponsatí en Edimburgo (el Reino Unido)— para evitar ser juzgados por el intento de secesión de ese año, pero pretenden concurrir a las elecciones en España al Parlamento Europeo del 26 de mayo, en la lista Libres por Europa.

El viernes, la Fiscalía española apoyó los recursos de los tres prófugos para que pudieran ser candidatos, considerando que la decisión de la JEC “vulneraba el derecho fundamental de sufragio pasivo” de los tres.

Al día siguiente, el expresidente de la Generalitat catalana advirtió de que, si el TS confirmaba su exclusión del proceso electoral, llevaría probablemente el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En los últimos meses, el recurso de los independentistas a instituciones europeas contra las decisiones de la Justicia española ha sido un motivo de temor para las autoridades de Madrid.

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