Durante seis horas, Keiko Fujimori tuvo que escuchar en un juzgado, en Lima, Perú, la primera parte de los argumentos del fiscal José Domingo Pérez, que pidió 36 meses de medida de aseguramiento contra ella y contra diez personas de su círculo cercano; esto mientras que la investiga por varios delitos, incluyendo la supuesta recepción de dineros ilícitos durante su campaña a la presidencia en el año 2011.

Por la prolongación de la exposición, el juez Richard Carhuancho informó que la audiencia se reanudará el jueves 25 de octubre y en algunos días se sabrá si la lideresa debe aguardar tras las rejas hasta que se resuelva su caso.

Por ahora, ya fueron enumerados los indicios de las supuestas ilegalidades que cometió el colectivo Fuerza Popular durante la campaña de Fujimori para las elecciones presidenciales de 2011, período en el que se cree que ocultó dinero por medio de falsos aportes privados.

En ese dinero se incluiría el millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht asegura que entregó a la campaña de la entonces candidata. Dos encargos de 500.000 dólares habrían sido enviados a través de los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, contra quienes también pesa el pedido de prisión preventiva.

El partido Fuerza Popular en crisis

Durante el receso de la cita judicial, Keiko Fujimori aprovechó para declarar ante la prensa que los argumentos del fiscal fueron "mentiras". Asimismo tuvo que anunciar la dimisión del secretario general de su partido, José Chlimper, quien fue señalado por el ente acusador de pagar 210.000 dólares en efectivo a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) por publicidad en la campaña electoral de 2011.

Y es que, aunque Chlimper negó el pago, el mismo fue confirmado por la emisora en su sitio web.

Chlimper, también trabaja como director del Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP), y era el número dos de Fuerza Popular desde mayo de 2016; en ese entonces, reemplazó al excongresista Joaquín Ramírez, también investigado por presuntamente haber recibido 15 millones de dólares de Fujimori para blanquearlos en la campaña de 2011.

La salida del secretario del partido es la última de varias renuncias en medio del escándalo, que tiene al partido en momentos de zozobra.

El congresista fujimorista, Rolando Reátegui, confesó que él fue el testigo protegido que entregó a la justicia peruana pruebas contra Keiko Fujimori, tras pedirle a la lideresa, sin resultados, que renunciara.

Reátegui explicó su decisión por medio de una misiva publicada en redes sociales. Dijo que decidió delatar a la presidenta de su colectivo porque "se ha confundido la lealtad partidaria con la impunidad" y debido a que, según él, Fujimori vulneró el lema de Fuerza Popular: "unidad, disciplina y lealtad" pues priorizó "los intereses personales de algunos dirigentes".

france24.com

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