“El hecho de que Armenia no proporcione a nuestro país mapas precisos de las minas sembradas en nuestros territorios no sólo viola gravemente el derecho a la vida y el derecho a la salud, sino que también obstaculiza considerablemente el regreso seguro de nuestros antiguos desplazados internos a sus hogares, la realización de su derecho a vivir en un entorno saludable y las obras de reconstrucción y restauración de la región. Además, la detonación de esas minas provoca la contaminación del agua y el aire, la destrucción de la estructura del suelo y, en general, conduce a una crisis medioambiental.
La comunidad internacional debe influir seriamente en Armenia para que nos proporcione mapas precisos de los campos de minas y debe alzar la voz contra el terror a las minas de este país, así como responder con firmeza a los crímenes de guerra y contra el medio ambiente y a las violaciones humanitarias cometidas”, añadió.
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