El subdelegado del Gobierno, Francisco Fuentes, y el coronel jefe de la comandancia de Granada, Manuel Llamas, han presentado hoy los resultados de la "operación Fortis" desarrollada desde abril del año pasado y que ha permitido desarticular una organización criminal que falsificaba recetas bonificadas de pensionistas.
Los once detenidos y nueve investigados se encargaban de sustraer talonarios de recetas y sellos médicos para utilizar después los datos de ciudadanos, en su mayoría hombres pensionistas, para falsificar recetas y lograr anabolizantes, dopantes, estimulantes y tranquilizantes que se vendían en el mercado negro.
Fuentes ha recalcado que los detenidos, que han pasado ya a disposición judicial y están en libertad con cargos, responden por un delito contra la salud pública y otro de estafa al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ha valorado en alrededor de un millón de euros, ya que los medicamentos se vendían en el mercado negro por un precio aproximado de 600 euros.
La Guardia Civil ha descubierto que al menos siete farmacias de esta capital andaluza estaban implicadas en la trama de falsificación de recetas, con protagonismo especial de una mujer que empezó a cometer estos delitos en una botica y que mantuvo la práctica en un segundo establecimiento de su propiedad.
La investigación comenzó cuando la Inspección Médica de Granada detectó que en estas farmacias se dispensaron cantidades "llamativas" de un medicamento que se prescribe para casos de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas, pero que se recetaba a hombres.
Estos fármacos, que tienen un coste aproximado de 150 euros y que se recetaban a nombre de pensionistas, con acceso bonificado a los productos, podían alcanzar en el mercado negro hasta los 600 euros y se utilizan en el mundo del culturismo para incrementar masa muscular.
El 60 % de las recetas falsificadas se concentraron en dos farmacias de esta capital.
Los agentes han descubierto que un trabajador de mantenimiento de un hospital público de Granada sustrajo varios talonarios de recetas, etiquetas adhesivas para identificar a pacientes y dos sellos médicos.
Lo vendió después a un joven subcontratado por la Hermandad Farmacéutica, que logró convencer a los empleados de al menos siete farmacias para que dispensaran los medicamentos que se vendieron después en el mercado negro.
El equipo de delitos contra la Administración ha cifrado en al menos 320 el número de recetas falsificadas entre diciembre de 2013 y abril del pasado año.
La responsable de Inspección Médica del SAS, Carmen González, ha destacado la ardua labor para comprobar las recetas en papel que se escaneaban y las historias clínicas de los supuestos pacientes, hasta que se comprobó que no existía relación entre sus dolencias y los fármacos.
La Guardia Civil ha dado por concluida la operación, que se ha saldado con detenidos e investigados de todas las escalas de esta organización. EFE
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