Luego de varias semanas de publicada una supuesta investigación periodística, que acusa al partido de gobierno, sus anteriores líderes, y actuales dirigentes, en una trama donde Odebrecht habría financiado las campañas políticas de la Revolución Ciudadana, los desmentidos no se hicieron esperar.
La actual Prefecta de Pichincha, fue llamada a comparecer a la Comisión de Fiscalización, por su alto cargo en la última campaña presidencial, desmintió la publicación que la vincula.
Lo grave para los involucrados es que la Fiscalía General del Estado (FGE), en base de esta publicación ha ordenado allanamientos, prisiones preventivas y diligencias en contra de exfuncionarios del gobierno, por lo que exigen también que se llame a declarar al actual presidente.
Llama la atención el poco interés en vincular a las investigaciones, a los representantes de Odebrecht en Ecuador, tema que trasladamos a las actuales autoridades de fiscalización.
Mientras tanto conferencias nacionales e internacionales se organizan, para analizar la persecución política, el denominado “lawfare” y la judicialización de la política.
Por este caso permanecen con prisión preventiva una exasesora de la Presidencia de la República, y el exasesor jurídico Alexis Mera, cercanos supuestamente al expresidente Rafael Correa, acusados de cohecho, Asociación Ilícita y Tráfico de Influencias.
HispanTV
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