"Estamos trabajando con los criterios emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se estructurarán los parámetros para decir quiénes fueron perseguidos políticos y establecer las responsabilidades de jueces y fiscales, pero también de los más altos cargos como el de Presidente del Consejo de la Judicatura", dijo en conferencia de prensa el presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo.
Del total de denuncias recibidas hasta el momento de quienes se consideran perseguidos políticos a través del hostigamiento judicial, 80 fueron presentados por la ONG Fundamedios sobre libertad de expresión; 100 por las víctimas de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 y 224 a través de un formulario especial que consta en la página institucional del Consejo de la Judicatura.
Las denuncias de quienes se consideran perseguidos políticos se continuarán receptando hasta el 21 de Octubre, luego de lo cual se elaborarán informes para ser presentados en las diferentes instituciones del Estado para que se adopten las medidas de reparación a las víctimas.
La mesa realiza su trabajo a través de cuatro comisiones: derechos humanos, libertad de expresión, pueblos y nacionalidades indígenas; y "30 S" (revuelta policial del 30 de septiembre de 2010).
Equipos técnicos liderados por la academia y organismos de Derechos humanos, junto con analistas del Consejo de la Judicatura, realizarán los estudios de cada caso, para determinar si existió hostigamiento.
La mesa fue creada el 21 de agosto pasado por el Consejo de Judicatura, que es el órgano administrativo de la función judicial en Ecuador.
Reuters
