El plan no salió como estaba diseñado. Casa Presidencial en San Salvador tenía listo, para el 15 de septiembre, un cuidado acto protocolario para conmemorar el bicentenario de la independencia salvadoreña; los focos de atención estarían, como suele mandar el guion en el gobierno de Nayib Bukele, puestos sobre el presidente. No ocurrió así.

Uno de los asuntos presupuestados para ese día era la presentación formal, también con fanfarria, de las reformas constitucionales cuyo estudio el presidente había ordenado en septiembre de 2020.

Una marcha multitudinaria de protesta por la legalización del bitcoin y los intentos de Bukele por afianzar los caminos a su reelección obligaron a modificar el guion, según confirmó a Infobae un diplomático extranjero que conoció sobre los preparativos. “A las tres de la tarde de ese día, muy pocos sabían que iba a decir el presidente”, dijo por su parte un contratista de la presidencia familiarizado con los planes para el 15-S, quien también pidió la omisión de su nombre.

Al final, Bukele sí realizó un acto en el que estuvo el cuerpo diplomático y desde el que dirigió un mensaje televisado a la nación. Durante la jornada recibió, en una reunión más bien discreta, la propuesta de cambios a 216 artículos de los 274 con que cuenta la Constitución de El Salvador. Las recomendaciones llegaron de manos de Félix Ulloa, el vicepresidente, a quien Bukele había encomendado la consulta sobre las enmiendas.

Bukele se había adelantado a las recomendaciones de Ulloa: el 3 de septiembre, a última hora del día, la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, controlada por él, hizo una interpretación del artículo 152 de la Constitución que da luz verde a la reelección inmediata del presidente, en 2024. El ex magistrado del constitucional Rodolfo González, crítico del régimen de Bukele, dijo a Infobae que esa interpretación de los magistrados bukelistas es ilegal; “papel sin valor”, aseguró. Como sea, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dijo, a pocas horas del aval de la Corte Suprema, que acataría la resolución.

El presidente había intentado vestir su intento de reelección como una consulta ciudadana sobre reformas constitucionales, la que presentó el vicepresidente Ulloa.

Bukele ya rechazó, en su cuenta de Facebook, algunas de las reformas planteadas por Ulloa, pero no las relacionadas a la reelección, la acumulación de poder o el debilitamiento de la institucionalidad democrática, sino solo las referidas a la legalización de algunas formas de aborto, de la eutanasia y del matrimonio igualitario.

“He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida, con el matrimonio o con la eutanasia”, escribió el presidente, dos días después de recibir el pliego de reformas. Sobre los reclamos hechos por analistas, periodistas y sociedad civil a las otras enmiendas, Bukele ha insistido en que la “nueva Constitución desmonta un sistema de privilegios” en El Salvador.

Analistas salvadoreños consultados por Infobae advierten que los cambios propuestos abren, más allá de la reelección puntual, caminos al autoritarismo y al control del Estado por parte de la persona o grupo que controla el Ejecutivo. Estos son cuatro puntos que los especialistas destacaron como alarmas:

REFERENDUM

La mesa dos de la consulta dirigida por Ulloa, encargada “del estudio y propuestas de reformas al sistema político y al orden económico”, acordó proponer a Bukele “la incorporación de instituciones de la democracia directa”, como el plebiscito y el referéndum. De ahí parte el cambio propuesto, por ejemplo, al artículo 248 de la Constitución, en el sentido de que será un referéndum, y no la Asamblea Legislativa, el que determinará en última instancia la refrendas a la carta magna. Antes de estas reformas, como está escrita ahora, la Constitución establece que todos los cambios deben de ser aprobados por una legislatura y ratificados por la siguiente. El referéndum sería, entonces, otro atajo que permitiría la reelección de Bukele.

Este intento del bukelismo tampoco es original: ya otros mandatarios de la región hicieron uso del referéndum, con resultados distintos, para intentar perpetuarse en el poder. En 2009, el hondureño Manuel Zelaya quiso introducir una cuarta urna en una jornada electoral para abrir el camino a la reelección; el intento le valió un golpe de Estado. En febrero de aquel año, en Venezuela, Hugo Chávez ganó un referéndum que le abrió las puertas a la reelección indefinida.

Marjorie Chorro de Trigueros, analista de la no gubernamental FUSADES, advirtió en una entrevista con un medio local que “una reforma de este tipo puede afectar este sistema en su carácter representativo, y además es parte de las cláusulas que no está permitido modificar”.

Las primeras dudas surgieron cuando, en agosto pasado, Ulloa hizo una presentación del borrador de reformas al cuerpo diplomático en San Salvador. Jean Manes, encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, pidió más explicaciones sobre el referéndum. A eso, Ulloa, contestó que este “en ningún caso servirá para prorrogar el mandato presidencial o permitir la reelección inmediata”. Los magistrados impuestos por Bukele fueron los primeros en contradecir a Ulloa con la interpretación que sí avala la reelección. Y Manes y su gobierno fueron de los primeros en reaccionar al listar a esos magistrados como funcionarios corruptos y antidemocráticos.

CONTROL DE ABOGADOS

La reforma contempla un cambio que, según el exmagistrado constitucionalista Rodolfo González y la abogada penalista Marcela Galeas, pueden abrir la ruta para el control de instituciones como la Fiscalía General de la República a través de la colegiación obligatoria de los abogados del país. La enmienda, en el artículo 189, plantea que los abogados, para ejercer, tendrán que ser autorizados por un colegio de abogados y notarios, cuyos métodos de elección y funcionamiento serán regidos por una ley especial que la Asamblea Legislativa deberá aprobar.

A este organismo corresponderá “organizar entre sus miembros colegiados la elección de candidatos para los siguientes cargos: Magistraturas del Tribunal Constitucional, Magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, Titulares de la Fiscalía y Defensoría General de la República, Consejo Nacional de la Judicatura, así como de los demás funcionarios de las instituciones que conforman la Contraloría Pública y Social que deban ser elegidos de acuerdo con este procedimiento”.

El exmagistrado González opina que el colegio será “el filtro para todas las elecciones de segundo grado” y que a través de él se profundizarán los vicios en las elecciones de funcionarios como el fiscal general o los magistrados de corte.

La enmienda también establece que será el colegio encargado de “suspender” y castigar a sus miembros, lo que para la abogada Galeas se presta a sanciones arbitrarias. Ya la Corte Suprema controlada por Bukele ha dado muestras al abrir investigaciones fortuitas a abogados que, en público, han expresado desacuerdo con las políticas del gobierno. Incluso, a través de la Fiscalía, el bukelismo ha intentado emprender la persecución penal de abogado críticos, como fue el caso de Bertha María Deleón, opositora al régimen, a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares por esa persecución.

Desde el final de la guerra civil en 1992, y luego de enmiendas constitucionales aprobadas a poco de la firma de los acuerdos de paz aquel año, la elección de los llamados funcionarios de segundo grado ha sido un ancla del poder partidario en El Salvador. Es la Asamblea Legislativa, con dos tercios de los votos, la que elige y nombra a funcionarios como el fiscal general de la república, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los jueces de la Corte de Cuentas de la República (contraloría) o al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Hasta que el partido de Bukele ganó la mayoría absoluta en el Congreso, en 2020, ningún grupo político había logrado, por sí solo, los votos necesarios para controlar estas elecciones. El primero de mayo pasado, al asumir la legislatura (2021-2024) con mayoría absoluta, los diputados de Bukele nombraron de forma irregular a magistrados de la CSJ y al fiscal general, con lo que el presidente adquirió el control de la cabeza del órgano judicial y del ministerio público.

ESTATIZACIÓN DE PENSIONES

El proyecto Ulloa propone reformar el artículo 50, que habla sobre el sistema de seguridad social y previsional del país. Uno de los principales cambios es que la nueva redacción dice: “Dicho servicio (seguridad social y previsional) será prestado por una o varias instituciones del Estado”. Hasta ahora, la Constitución no establece el control estatal de las pensiones, que son administradas por fondos privados.

El riesgo de confiscación de esos fondos, dicen analistas consultados, son muy grandes, sobre todo porque el gobierno de Bukele, a falta de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ante la estrepitosa caída de los bonos estatales con los que se financia buena parte de la deuda pública, enfrenta un escenario financiero incierto, tanto que ya hay calificadoras de riesgo que han etiquetado a los bonos salvadoreños en categorías de bonos basura.

Un analista previsional que ha trabajado con el gobierno de El Salvador, y quien habló desde el anonimato por temor a represalias, cree que esta reforma está encaminada a quitar la administración de las pensiones a los privados e, incluso, subir las pensiones mínimas (algo que, dice el analista, no es sostenible).

El mismo 15 de septiembre, en su mensaje televisado, Bukele anunció que antes de que termine octubre presentará a la Asamblea Legislativa que él controla un proyecto de reforma integral al sistema de pensiones.

PARTIDO ÚNICO

Tal como está escrito, el artículo 85 de la Constitución establece que “la existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos”. La reforma de Ulloa, en uno de sus borradores, cambió esa redacción para eliminar la prohibición explícita, aunque esta se volvió a añadir en el anteproyecto final que recibió Bukele el 15 de septiembre. En su momento, la organización no gubernamental Cristosal, defensora de Derechos Humanos, advirtió que en el anteproyecto hay elementos que llevan a pensar en la instauración de un sistema de partido único. Al final, si la prohibición expresa queda en la redacción final depende del presidente Bukele, quien se prevé dará iniciativa de ley al proyecto de reformas antes de que termine el año.

En la práctica, debido a la holgura con que ganó la elección presidencial en febrero de 2019 y la legislativa y municipal de 2020, Bukele y su partido, Nuevas Ideas, gobiernan sin apenas oposición formal: las urnas les dieron el control del Ejecutivo y el Legislativo, y, desde ahí, el asalto a la Fiscalía General y a la Corte Suprema, así como una polémica reforma legal, les ha dado el control casi absoluto del judicial.

infobae

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