El Ejecutivo de Mario Draghi atiende así las históricas reclamaciones de los venecianos, de numerosas organizaciones ecologistas y de la Unesco (la organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), que incluso había amenazado con eliminar a Venecia de la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad. Estos grupos denuncian desde hace años que los buques de gran tonelaje, al atravesar el canal de la Giudecca que conduce a la histórica plaza de San Marcos, erosionan los cimientos sumergidos de la ciudad, que sufre inundaciones periódicas, conocidas como acqua alta. También lamentan los daños paisajísticos y ambientales provocados por los cruceros en una ciudad sobreexplotada turísticamente, aunque ahora en mínimos de visitantes a causa de la pandemia.
En la actualidad, estas embarcaciones no pueden entrar en Venecia debido a las restricciones impuestas por el coronavirus y su ausencia ha contribuido a mejorar la calidad del agua de las lagunas. Antes de la pandemia, en 2018 pasaron por la ciudad 594 cruceros, casi dos al día, que atracaban, desembarcaban a los pasajeros, se detenían algunos días y después partían.
El Gobierno ha estipulado que a partir de ahora, en una primera fase, las grandes naves atracarán en el puerto industrial de la vecina Marghera, una localidad perteneciente al municipio de Venecia situada al oeste de la ciudad y en tierra firme, bañada también por la laguna veneciana. Esta propuesta, que no cuenta con el apoyo de las asociaciones contra los cruceros, es una solución temporal, ya que el objetivo es alejar completamente las naves de gran tonelaje de la laguna. Para ello, el Ejecutivo ha anunciado que en los próximos meses lanzará un concurso para elegir una terminal portuaria alternativa alejada de la zona para las embarcaciones de más de 40.000 toneladas, con el objetivo de resolver el problema “de manera estructural y definitiva”.
La solución requerirá tiempo y recursos. Para este año, el Gobierno ha aprobado una partida de 2,2 millones de euros. El proyecto ideal deberá tener en cuenta tanto las exigencias de salvaguardia del patrimonio veneciano como que sea viable a nivel técnico y económico. El ministro de Cultura, Dario Franceschini, ha calificado la iniciativa como “una decisión correcta y esperada desde hace años”. La prioridad es proteger a Venecia, sustentada sobre un bosque de millones de pilotes de madera sumergidos, de las corrientes que generan las grandes embarcaciones, entre otros daños.
En 2019, el choque contra el muelle de un gran buque turístico de la compañía MSC, que embistió a una pequeña embarcación de tipo fluvial que navegaba con un centenar de turistas a bordo, evidenció el problema. Aunque ya antes se reclamaba a las autoridades desde varios frentes que restringieran el tránsito y el atraque de los grandes buques, a partir de ese incidente se redobló la presión. Hasta ahora, todas las iniciativas han fracasado.
La cuarentena 'limpia’ los canales de Venecia
En 2013, el Gobierno prohibió el acceso al canal de la Giudecca a las embarcaciones que superaran las 96.000 toneladas, pero poco después se retiró la norma. En 2017 también se anunciaron nuevos planes para atajar la situación, que contemplaban, entre otras medidas, el desvío de las grandes naves a Marghera, pero nunca llegaron a aplicarse completamente. También se habló de un proyecto privado para construir un punto de atraque en el borde entre la laguna y mar abierto, pero no consiguió la aprobación del Ayuntamiento ni del Ministerio de Transportes. Ese mismo año, varias asociaciones lanzaron un referéndum popular, sin ningún valor legal, para que los habitantes del centro histórico de la ciudad, donde viven 53.000 personas, votaran si querían expulsar a las grandes naves de la laguna. Participaron cerca de 25.000 ciudadanos y el sí ganó por un 98,7% de los votos.
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