Apple Inc. ha ganado la primera ronda de la batalla fiscal con la Unión Europea que podía costarle a la compañía estadounidense unos 15.000 millones de dólares en impuestos a la República de Irlanda.

Este miércoles el Tribunal General de la Unión Europea anuló la decisión tomada en el 2016 por la Comisión Europea que en aquel entonces consideró que entre 2003 y 2014 dos subsidiarias de la compañía tecnológica se habían beneficiado de ventajas fiscales ilegales que les habían sido concedidas por el Gobierno de Irlanda. 

En la reciente sentencia la corte determinóque "la Comisión no ha conseguido demostrar de un modo jurídicamente suficiente que hubo una ventaja como se recoge en el artículo 107(1) del TFUE [Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea]. Según el Tribunal General, la Comisión erró al declarar que a ASI [Apple Sales International] y AOE [Apple Operations Europe] se les había otorgado una ventaja económica selectiva y, por extensión, ayuda estatal". 

Irlanda —país que sirve de base de Apple para Europa, Oriente Medio y África y se ha consolidado como un país donde las grandes compañías multinacionales han establecido sus sedes internacionales— ha celebrado la noticia. "Irlanda siempre ha sido clara en que, de acuerdo con la ley irlandesa, se aplicó el impuesto irlandés correcto e Irlanda no proporcionó ayuda estatal a Apple", dijo el Gobierno de la república. 

La Ejecutivo comunitario también ha reaccionado ante esta decisión y ha señalado que estudiará atentamente el fallo y pensará sobre los próximos pasos posibles.

"La Comisión respalda plenamente el objetivo de que todas las empresas paguen su parte justa de impuestos. Si los Estados miembros otorgan a las empresas multinacionales ventajas fiscales que no están disponibles para sus rivales, esto perjudica la competencia leal dentro de la UE", indicó en un comunicado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager. 

Además la alta funcionaria recordó que en otras ocasiones, como fueron los casos de Fiat en Luxemburgo y Starbucks en los Países Bajos, el Tribunal General confirmó que, aunque los Estados miembros tienen competencia exclusiva en la determinación de sus leyes en materia de impuestos directos, ellos deben hacerlo en consonancia con la legislación de la UE, lo cual también incluye las ayudas estatales.

La Comisión tiene dos meses para decidir si va a apelar al Tribunal de Justicia de la UE, que es la instancia superior, para recurrir contra la decisión del Tribunal General.

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