Un billón de euros para reducir a cero el CO2. La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, tiene previsto aprobar este martes un plan de financiación que aspira a movilizar un billón de euros durante la próxima década para garantizar que Europa se convierte en el primer continente en lograr la neutralidad climática en 2050.

El plan, a cuyo borrador ha tenido acceso EL PAÍS, asegura que “la transición a una economía neutral climáticamente y sostenible requerirá inversiones significativas”. El documento sostiene que el sector público debe “asumir el liderazgo, pero los actores privados son los que deberán proporcionar el volumen” de la tremenda transformación económica, social, tecnológica e industrial en marcha.

El plan de la Comisión (denominado en inglés como Sustainable Europe Investment Plan o SEIP) se propone utilizar ingentes recursos del presupuesto comunitario para estimular la inversión; diseñar un marco legal que facilite y atraiga el capital privado; y reservar partidas especiales para los socios de la UE menos ricos y para las regiones con alta dependencia de fuentes energéticas o industrias con gran nivel de emisiones.

“Queremos que la Unión Europea se convierta en un modelo y que sea el líder mundial en esta materia”, señaló Von der Leyen este viernes en Zagreb, donde la Comisión Europea celebró la primera reunión con la presidencia semestral del Consejo Europeo, ocupada desde el 1 de junio por Croacia.

El encuentro recabó el apoyo del gobierno croata de Andrej Plenkovic para un Plan Verde que, según aseguró Von der Leyen, “estoy convencida de que se convertirá en la nueva estrategia europea de crecimiento”.

Pero Croacia es uno de los pocos socios de Europa central y del Este que abraza con cierto entusiasmo una estrategia de descarbonización que hace temblar a socios como Polonia, Hungría, República checa e, incluso, a ciertas regiones de Alemania. Y otros socios, entre ellos España, aunque son firmemente partidarios de la transición ecológica, temen perder unos fondos comunitarios que podrían concentrarse en los países procedentes del antiguo bloque soviético cuyo modelo industrial y energético requiere una modernización mucho más costosa.

A pesar de las numerosas reticencias, el Consejo Europeo aprobó en la cumbre de diciembre el objetivo de alcanzar en 2050 un nivel cero de emisiones netas de CO2. Pero a cambio, la Comisión Europea se comprometió a presentar un ambicioso y generoso plan de financiación que despeje las dudas de los países con una transición más costosa, en particular, de Polonia.

Von der Leyen ha cumplido su promesa y este mismo martes concretará el brazo financiero de un Plan Verde que podría colocar a Europa a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático.

El documento al que ha tenido acceso este diario detalla los recursos para movilizar un billón de euros entre 2021 y 2030. Una buena parte, 485.000 millones de euros, procederán del próximo Marco Financiero de la UE (2021-2027). Bruselas se propone destinar el 25% de esos presupuestos a políticas vinculadas a la lucha contra el cambio climático, lo que obligará a reorientar en parte los modelos de gasto de los tradicionales fondos estructurales y de la Política Agrícola común.

El plan de la Comisión calcula que ese presupuesto comunitario conllevará una cofinanciación con cargo a las arcas nacionales de 115.000 millones de euros, lo que ya elevaría a más de medio billón el capital disponible.

La segunda gran aportación procedería de InvestEU, el programa antiguamente conocido como plan Juncker, con el que se aspira a movilizar 280.000 millones, entre recursos públicos y privados.

Una tercera partida, bautizada como Innovación y Modernización, se financiaría a través de los recursos generados por la venta de derechos emisiones de CO2 en el mercado europeo creado hace años para la comercialización de esos títulos. La Comisión calcula que ese recurso podría aportar 12.000 millones de euros. Y Bruselas se propone destinar ese dinero prioritariamente a los países con un Producto Interior Bruto muy por debajo de la media europea.

El plan se completa con la creación de un Fondo de Transición que a lo largo de la próxima década sería el catalizador de inversiones por valor de 143.000 millones de euros. Su destino prioritario serían las regiones con alta de pendencia de fuentes energéticas como el carbón o a las zonas con industrias de alto consumo energético.

Ingeniería financiera
La vistosa y abultada cifra del billón de euros no está exenta de críticas ni apacigua del todo a los países e industrias inquietas por el coste de una reestructuración con una envergadura sin precedentes recientes.

Las objeciones al plan de Von der Leyen apuntan a la fiabilidad de la ingeniería financiera que con un limitado volumen de recursos aspira alcanzar cifras multimillonarias. Los 280.000 millones de euros procedentes del InvestEU, por ejemplo, procederán de un fondo que solo contará con un aval de 38.000 millones de euros del presupuesto comunitario, con solo el 40% en dinero contante y sonante.

Bruselas recuerda que las mismas dudas se plantearon al inicio del plan Juncker, que con una mínima garantía aspiraba a movilizar 300.000 millones de euros. El objetivo se logró y el plan se ha prolongado para alcanzar el medio billón de euros. Con ese exitoso precedente, la Comisión confía ahora en movilizar unos 93.000 millones de euros al año. Y el 30% de esa partida (unos 28.000 millones de euros al año) se concentrarían en los proyectos de la transición ecológica con mayor riesgo para el inversor privado.

El SEIP también levanta suspicacias por el riesgo de que drene los recursos de los fondos estructurales hacia proyectos relacionados con la transición y que deje sin financiación a las infraestructuras o inversiones que facilitan la convergencia económica, objetivo original de la política europea de cohesión.

Bruselas reconoce que la reorientación es inevitable. Y propone que al menos el 25% del próximo marco presupuestario de la UE (para el período 2021-2027) se destine a políticas relacionadas con el cambio climático. En el Fondo de Cohesión y en los fondos estructurales esa contribución ascenderá al 40%. Y en la política agrícola, el 40% de los pagos directos a los agricultores estarán vinculados a los objetivos medioambientales.

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