"Todos los presidentes, todos, saben lo que sucede [en su administración], este es un sistema político presidencialista", respondió el mandatario a una pregunta acerca de si Peña Nieto sabía de ese esquema descubierto por la Auditoría Superior de la Federación.
Siguiendo la pista de auditorías federales de 2013 y 2014, la unidad de investigación de la organización independiente Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad encontró cómo operaba un mecanismo de triangulación de fondos públicos.
Ese caso ha llevado a la cárcel a Rosario Robles, un integrante del gabinete de Peña Nieto, que fue titular de Desarrollo Social y de Desarrollo Rural y Urbano en el sexenio anterior.
Se trata del primer caso de un exsecretario de Estado en prisión en 30 años.
El presidente agregó que "antes había mucha hipocresía, se culpaba siempre a los de abajo y se decía que el presidente no estaba enterado, que lo engañaban, que el presidente tenía buenas intenciones, pero sus funcionarios no le ayudaban".
"Lo cierto es que el presidente de México tiene toda la información", enfatizó el jefe de Estado.
La llamada "estafa maestra" permitió malversar unos 400 millones de dólares utilizando "empresas fantasmas" subcontratadas por 12 universidades firmantes de 73 convenios con 11 dependencias federales.
La cartera de Robles, junto con la estatal Petróleos Mexicanos, son las que destinaron mayor cantidad de su presupuesto a esos convenios, y ha sido imputada de "ejercicio indebido de la función pública" de poco más de 250 millones de dólares.
Contra los juicios a expresidentes
El jefe del Ejecutivo dijo que no es partidario de enjuiciar a su antecesores y propone una especie de "punto final" a los caso de corrupción, con la salvedad de que un referendo indique lo contrario.
En ese caso, su propuesta es llevar a los tribunales a todos los expresidentes de lo que llama 36 años periodo neoliberal, (1982-2018): los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vidente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto; de la lista queda excluido Miguel de la Madrid (1982-1988), quien falleció en 2012.
López Obrador rechaza enjuiciar a expresidentes "para no anclarnos en el pasado y meternos a un proceso de confrontación, que nos va a distraer de nuestro objetivo que es transformar a México", puntualizó.
La defensa de Robles argumentó ante un juez federal que la imputada habló de los convenios bajo sospecha con Peña Nieto, por el "teléfono rojo" del Gobierno.
Además, sostuvo que tomó medidas administrativas e incluyó los reportes de la Auditoría Superior en su "entrega-recepción" del cargo a José Antonio Mead, antes de que él se convirtiera en candidato presidencial del oficialista Partido Revolucionario Institucional.
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