El endurecimiento de las sanciones de Estados Unidoscontra el Gobierno de Venezuela exacerba la tensión política en el país sudamericano. Nicolás Maduro ha anunciado este jueves su disposición a iniciar una ofensiva contra sus oponentes y delegó en Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente y uno de sus colaboradores más cercanos, así como en otros poderes en manos del chavismo, la tarea de hacer justicia después de suspender el diálogo con la oposición. “¿Quieren batalla? ¡Vamos a la batalla, pues! Estamos listos. La furia bolivariana está lista para la batalla, ya basta”, dijo el mandatario.
La oposición, liderada por Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, entra así en una nueva confrontación con el régimen: tras unos meses de quietud producto de negociaciones promovidas por Noruega, el tono sube nuevamente y las amenazas florecen en Caracas. Y los diputados y el entorno del presidente del Parlamento se asoman como el potencial objetivo de Maduro en esta nueva ofensiva.
Para Guaidó, las sanciones estadounidenses son responsabilidad del régimen y están dirigidas a funcionarios involucrados en casos de corrupción, violaciones de derechos humanos, y empresas estatales posiblemente utilizadas para financiar actividades ilícitas. "El día de ayer (miércoles) el régimen volvió a demostrar al mundo, al pueblo y a la Fuerza Armada que es el principal obstáculo para una salida pacífica a esta gravísima crisis", ha subrayado el líder opositor. "Después de decir, una y mil veces, hasta en cadena nacional, que nada ni nadie los pararían del mecanismo de Oslo, de forma poco seria, anuncian a última hora que no participaran en la nueva jornada de mediación internacional convocada por el reino de Noruega. Tarde o temprano ellos volverán y tendrán que sentarse".
Los tribunales "atentos"
“La justicia venezolana estará atenta a castigar con severidad cualquier intento de apoyar a sectores que tengan como propósito limitar las necesidades básicas de nuestro pueblo, hoy más que nunca, preservaremos los derechos de los venezolanos y con más énfasis, sobre aquellos que garanticen el bienestar colectivo de nuestra sociedad”, adelantó el Tribunal Supremo en un comunicado divulgado este jueves, en el que rechazaba de plano el congelamiento de los activos por parte de Estados Unidos.
De momento, el Gobierno no se atreve a arremeter directamente contra Guaidó, aunque en diversas ocasiones lo apunta como responsable de hipotéticos delitos. En abril, el Supremo ordenó retirar la inmunidad parlamentaria del jefe de la Asamblea Nacional y lo desprotegió ante un eventual juicio. Semanas después fue acusado por Maduro de terrorismo, pero su detención nunca sucedió.
Desde hace meses el gobierno de Trump insiste en alertar al sucesor de Hugo Chávez de severas respuestas ante una arremetida contra el líder de la oposición. Pero esto no ha detenido a los órganos de inteligencia venezolanos en la captura y persecución de personas cercanas a Guaidó, entre ellos su jefe de Gabinete, Roberto Marrero, y el primer vicepresidente del Legislativo, Edgar Zambrano.
Cabello ha recalcado que están declarados en “combate” contra los “enemigos de la patria”. También convocó a una serie de actos para recopilar firmas contra la orden ejecutiva de la administración de Donald Trump, que pretenden consignar a las Naciones Unidas, el próximo sábado. El jueves, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, expresó su preocupación por el impacto “potencialmente severo” sobre los venezolanos de las nuevas sanciones aplicadas por Estados Unidos. “Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables. Temo que tengan implicaciones mayores en los derechos a la salud y a la alimentación, en particular en un país donde ya existe una seria situación de escasez de bienes esenciales”, detalló.
La congelación de activos del Gobierno en Estados Unidos coincide con el peor momento económico experimentado en Venezuela. La promesa del socialismo del siglo XXI se desvaneció con la pésima gestión económica y el creciente autoritarismo. El salario mínimo de un trabajador no supera los 3.5 dólares, mientras una imparable hiperinflación se impone desde hace casi dos años. Muchas naciones comienzan a sentir el impacto de esta debacle debido al desbordado éxodo. Pero Maduro no ofrece una alternativa para cambiar el panorama, en contraste se aferra al poder. “Con las nuevas sanciones que restringen aún más la actividad económica, me preocupa que las compañías y las instituciones financieras puedan preferir ser cautelosas y detener completamente las transacciones relacionadas con el Gobierno de Venezuela, en vez de de correr el riesgo de ser penalizadas por infringir las sanciones”, dijo Bachelet, que en julio difundió un demoledor informe sobre las violaciones de derechos humanos durante la gestión de Maduro.
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