"Tres años después, la 'guerra contra las drogas' del presidente [Rodrigo] Duterte sigue siendo nada más que una empresa asesina a gran escala por la que los pobres continúan pagando el precio más alto", declaró el director regional de Amnistía Internacional (AI) para Asia Oriental y Suroriental, Nicholas Bequelin.
El ejecutivo de AI opinó que "es hora de que las Naciones Unidas, comenzando con su Consejo de Derechos Humanos, actúen de manera decisiva para responsabilizar al presidente Duterte y su Gobierno".
La Policía filipina, a juicio de esta ONG, opera con total impunidad matando a vecinos de barrios pobres cuyos nombres aparecen en listas de sospechosos de narcotráfico fuera de cualquier proceso legal.
El Gobierno de Filipinas reconoció al menos 6.600 asesinatos a manos de la Policía, pero AI sospecha que personas armadas con posibles vinculas a los cuerpos de seguridad son responsables de miles de muertes más.
En su informe, publicado este 8 de julio, Amnistía Internacional identifica 20 casos que derivaron en la muerte de 27 personas en la provincia filipina de Bulacán entre mayo de 2018 y abril de 2019, muchas como resultado de aparentes ejecuciones extrajudiciales.
Para Bequelin, la gente ordinaria vive en un clima de miedo e inseguridad en Filipinas bajo el gobierno de Duterte: "Lo único que se necesita para ser asesinado es una acusación no probada de que alguien usa, compra o vende drogas".
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