Del acto también participaron el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y el alcalde de Allende, Antero Alvarado Flores.

"Sentimos un poco de paz de que la secretaria de Gobernación haya venido hasta aquí a prestarnos un poco de atención. Todo lo que hemos estado viviendo aquí desde 2011 está cubierto de dolor", dijo a Sputnik Olga Lidia Saucedo García, presidenta del colectivo Alas de Esperanza y madre de una de las víctimas de la masacre.

"Significa mucho que luego de ocho años alguien nos mire. Hasta hoy, ni el Estado, ni la federación, ni el municipio lo habían hecho", agregó. 

Todo comenzó entre las 18.30 y las 19 del viernes 18 de marzo de 2011, en la ciudad de Allende, de unos 23.000 habitantes y situada a pocos kilómetros de la frontera con EEUU.

Se cree que en ese momento se encontraban allí Mario Alfonso 'Poncho' Cuéllar, Héctor Moreno Villanueva y José Luis Garza Gaytán, presuntos miembros del cártel Los Zetas, que habían traicionado al grupo criminal y robado unos 10 millones de dólares. Planeaban huir hacia el país vecino del norte.

Pero a esas horas de la tarde llegó un grupo de sicarios que, en las próximas 48 horas, realizaron una brutal matanza. El cártel decidió castigar a toda la población por creer que les habían dado asilo. La magnitud y crueldad de la masacre fue tal que al día de hoy no se tiene certezas sobre el número de víctimas. Se cree que fueron entre 48 y 300, pero pueden ser más.

La versión de las 300 víctimas surgió en 2013 de la declaración en un juzgado estadounidense de uno de los sobrevivientes, Héctor Moreno Villanueva. Y los familiares de las víctimas lo avalan. 

"Nosotros tenemos registradas 300, pero hay personas que no se han arrimado todavía, entonces puede ser que el número sea aún mayor", explicó Saucedo García. Sin embargo en el expediente de la fiscalía solo figuran poco más de 40 desaparecidos. Durante la violencia Olga perdió a su hija y a su yerno.

Tras las muertes los sicarios rompieron e incendiaron casas y Allende y los pueblos aledaños se transformaron en verdaderos escenarios de guerra. Si bien las investigaciones determinaron que se realizaron miles de llamadas a los servicios de emergencia, éstos jamás prestaron asistencia. Se cree que la Policía y la Gobernación tenían órdenes expresas de dejar que la masacre ocurriera.

Es por ello que el acto de disculpas de ayer tiene un gran valor para los familiares de las víctimas: es un reconocimiento oficial de la connivencia y un halo de esperanza para poder al menos saber qué ocurrió en esas fatídicas fechas.

"A partir de ahora esperamos que se reconozca a las víctimas para poder saber cuántas familias somos las afectadas. Aún hoy no sabemos por qué ocurrió. No lo entendemos, ¿por que tanto daño para nuestra gente? Hay muchos comentarios pero la realidad es que aún nadie sabe con certeza lo que pasó", concluyó Saucedo García.

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