"Tiene que haber una discusión esencial; América Latina debe hacer un alto, reflexionar, y decidir si se va a decantar por seguir encerrando gente o si va a replantear" sus políticas, "sobre todo cuando no hay condiciones en las cárceles de llevar adelante procesos de inserción y acompañamiento", dijo la exministra de Justicia de Costa Rica (2015-2017).
Sánchez sostuvo que los países latinoamericanos comparten "una realidad tremendamente complicada" en lo que respecta a la situación de sus cárceles, donde prima el hacinamiento, el uso excesivo de la privación de libertad preventiva, y resistencias de parte de los gobiernos a destinar más cantidades de recursos a programas que funcionen como alternativa a la prisión.
"En general es una situación que pareciera que cada día tiende a aumentar, porque se sigue politizando el tema del populismo punitivo", dijo quien dirigió el Ilanud (Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para el Tratamiento del Delito y del Delincuente) del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de marzo de este año.
Según Sánchez, los Estados de América Latina gastan, en promedio, entre 30 y 40 dólares diarios por cada persona privada de libertad, una cifra que incluye su alimentación, atención y custodia.
"Y muchas veces son personas que están dos o tres años en prisión porque han sustraído un bien cuyo valor no supera los diez dólares", ejemplificó.
"Esa comparación no se hace, eso no se dice, porque se ha vendido a la gente que lo que importa es sancionar", añadió.
De acuerdo a la base de datos World Prison Brief, en América Latina hay 1,6 millones de personas privadas de libertad, lo que supone una tasa de 256 presos cada 100.000 habitantes.Sputnik
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