Albania se hunde en una crisis institucional

  14 Junio 2019    Leído: 214
Albania se hunde en una crisis institucional

El país balcánico vive una grave crisis política, sin los principales órganos judiciales y con la oposición fuera del Parlamento.

La subida de las tasas universitarias fue solo el detonante, el malestar venía de lejos. En diciembre, miles de estudiantes salieron a las calles en Tirana, en una protesta como las que desde hace meses agitan Serbia —la llamada primavera balcánica— y a la que en Albania se sumó en febrero la oposición política, convirtiéndola en un tsunami antigubernamental. El 18 de febrero, el Partido Democrático (centroderecha) boicoteó el Parlamento y desde entonces el Legislativo es monocolor. Las manifestaciones se han perpetuado y el presidente del país, Ilir Meta, decidió la semana pasada cancelar las elecciones locales previstas para el 30 de junio por falta de representatividad, dado el boicot de la oposición. El primer ministro, Edi Rama, del Partido Socialista, contestó a Meta mediante una amenaza de resolución que este jueves comenzó a debatirse en el Parlamento con el teórico objetivo de desalojarle del poder.

Hay muchos más factores en juego, pero ese es, grosso modo, el meollo de la más grave crisis institucional en Albania en décadas. La oposición en pie de guerra, el enroque de Rama, un Tribunal Constitucional vacante desde hace meses por expulsión de la mayoría de sus miembros y, como remate, la reciente filtración por el tabloide alemán Bild de explosivas grabaciones que demostrarían la connivencia del partido en el poder con clanes del crimen organizado en la región de Durres —un importante puerto que es también epicentro del tráfico de drogas—, para “orientar” el voto de miles de albaneses en las elecciones de 2017, en las que Rama revalidó su mandato (según la oposición, gracias a las maniobras mafiosas).

Todo ello sucede, además, a una semana de que el Consejo Europeo se pronuncie sobre la fecha de apertura de las negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte, un anhelo que en el caso albanés esta crisis puede congelar hasta la eternidad. Tanto la UE como EE UU, discretamente proactivo en los Balcanes, siguen los acontecimientos con preocupación. Albania, poco más de 2,8 millones de habitantes, es miembro de la OTAN desde 2009.

El momentum europeo en los Balcanes, espoleado por la buena gestión política y diplomática en Macedonia del Norte, choca con las reticencias de Francia, Dinamarca y los Países Bajos, pero para Albania sigue siendo un asidero vital, la tabla a la que agarrarse para evitar el colapso. “Esta es una crisis como la que se vive en Europa, la crisis de la democracia representativa, de confianza en el sistema, pero en Albania es mucho más grave por la falta de instituciones democráticas fuertes. No hay intermediarios: hay un vacío entre los ciudadanos y el Gobierno. Los partidos, que deberían ocupar ese espacio, están anquilosados, como muestra el hecho de que el socialista no haya elegido un nuevo líder desde hace más de 14 años”, explica por teléfono Armand Shkullaku, presidente de la Asociación de Periodistas de Albania.

“En 2013 la gente votó por el cambio [tras una etapa de Gobiernos conservadores] y Rama prometió emprenderlo, con inversiones en educación y freno a los monopolios y los oligarcas, pero ha hecho lo mismo que los anteriores. Con él se han perpetuado las redes clientelares, además de los lazos con el crimen organizado y el narcotráfico”, añade. A finales de 2018, dimitió el ministro del Interior después de que su hermano fuera condenado a siete años de cárcel en Italia por tráfico de drogas, recuerda el periodista.

Aleksander Çipa, reputado comentarista político, subraya por correo electrónico el hecho de que Albania es un país "que desgraciadamente se define por un sistema político cleptócrata". "El statu quo y el fracaso del liderazgo político para reformarse y traer el cambio que los albaneses merecen alimenta esta crisis de confianza en la democracia", añade.

“Albania carece hoy de los dos pilares del sistema de control y equilibrio: el Tribunal Constitucional y el Supremo”, lamenta un editorial del semanario independiente Tirana Times, que refleja la opinión del Instituto Albanés de Estudios Internacionales, principal centro de estudios del país (y que remite a la publicación como fuente de información). La reforma de la justicia es uno de los requisitos de la Comisión Europea para facilitar el proceso de adhesión, pero, aunque en su último informe, hace un año, la consideraba un éxito —“la retórica dominante”, vuelve a lamentar el Tirana Times—, su consecución está dejando grandes agujeros negros por el camino. Es precisamente el Constitucional el que debería arbitrar la disputa entre el presidente y el primer ministro sobre la celebración de los comicios. Libre de toda oposición, “el Partido Socialista ha registrado a sus candidatos y ha comenzado la campaña electoral en solitario”, recalca Shkullaku.

Una reforma judicial transformadora
Çipa hace hincapié en el profundo calado transformador de la reforma judicial que exige Bruselas. "Cuando esté totalmente implementada, la reforma no afectará solamente al sistema de [administración de] justicia, sino que tendrá un efecto enorme en el mismo sistema político. La reforma tiene el potencial de darle el golpe de gracia a un liderazgo político que ha venido transformándose y reformulándose pero sin cambiar en esencia". Para el comentarista, es ese maquillaje político el que ha retrasado "las reformas estructurales e institucionales que el país necesita desesperadamente".

Pese a las reuniones que esta semana ha mantenido Rama con embajadores de países de la UE acreditados en Tirana, no se prevé ninguna mediación internacional de calado. “Es ya demasiado tarde, no hay margen de maniobra para revertir este escenario de conflicto político, corrupción a gran escala y degradación democrática”, concluye el editorial del semanario. "Ambas partes deberían abandonar sus radicales posturas. Ni el Gobierno ni la oposición tienen derecho a mantener sus condiciones innegociables", apunta un poco más optimista Çipa, que reparte responsabilidades. "El presidente y el Parlamento tienen la obligación de restablecer los canales de comunicación institucionales y no deberían imitar el conflicto entre el Gobierno y la oposición". Bastaría una actitud constructiva, "esa que durante tanto tiempo ha eludido la casta política".

Elpais


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