Se precisa que las medidas prevén "una prohibición de entrada en el territorio de la UE y una inmovilización de bienes, aplicables a 82 personas y una entidad", también "la prohibición de exportar a Irán equipos que puedan ser utilizados para la represión interna y equipos de vigilancia de las telecomunicaciones".
Se indica que las medidas, introducidas en 2011, fueron prorrogadas desde entonces cada año.
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