Es a golpe de escándalos y la consecuente presión de la opinión pública como en Europa se avanza en la lucha contra el fraude fiscal y la delincuencia financiera. Es entonces cuando los gobiernos acaban movilizándose.

Fue precisamente la sucesión de revelaciones como los papeles de Panamá, los papeles Paradise, los Luxleaks, además de los casos de blanqueo de dinero que afectaron a bancos de Holanda, Dinamarca y otros países, lo que motivó en marzo del 2018 la creación de laComisión Especial sobre Evasión Fiscal del Parlamento Europeo que ayer aprobó su informe final.

Para evitar vetos, se plantea suprimir la regla de unanimidad en las decisiones sobre fiscalidad

Un informe en el que se acusa a siete países miembros de la Unión Europea de tener características propias de paraísos fiscales. Se señala a Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Chipre, Hungría y Malta, que tienen unos sistemas fiscales que allanan el camino para la planificación fiscal agresiva, las prácticas que buscan forzar los agujeros legales para evitar el pago de impuestos. A estos países se les considera “jurisdicciones que facilitan la planificación fiscal agresiva”, lo cual “perjudica la integridad del mercado único europeo”.

“Europa tiene un problema grave de lavado de dinero y de fraude fiscal”, dijo el socialista Jeppe Kodof, uno de los ponentes. A partir de ahí, el informe acusa al conjunto de los estados miembros de falta de voluntad política para atajar la evasión fiscal, y denuncia como en el consejo de ministros se han bloqueado repetidamente las medidas destinadas a frenar la delincuencia financiera.

Ernest Urtasun
“Existe una evidente falta de voluntad política por parte de los estados miembros para luchar contra la injusticia fiscal”

Es por ello que se pide la anulación de la regla de la unanimidad en temas fiscales, para conseguir unos avances que hasta el momento se están demostrando muy dificultosos. Ya la Comisión Europea presentó en enero una iniciativa en este sentido, para conseguir que en el futuro los temas de fiscalidad puedan adoptarse por mayoría calificada de los estados miembros.

“Existe una evidente falta de voluntad política por parte de los estados miembros para luchar contra la injusticia fiscal” se queja el diputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, que añade que el informe aprobado “demuestra con claridad que necesitamos más acción en
materia de lucha contra el blanqueo de capitales, y transparencia en
relación con la fiscalidad de las empresas”. El informe también reclama la abolición progresiva de los visados de oro, la fórmula tan apreciada por los tesoros de la mayoría de países europeos, de vender su pasaporte o su permiso de residencia a cambio de grandes inversiones. Son seis mil personas las que han conseguido la nacionalidad de algún país europeo, y casi cien mil la residencia a través de la compra de estos visados, según informes recogidos por las oenegés Transparencia Internacional y Global Witness. Son visados que se entregan de forma opaca y con escasos controles, incluso cuando se trata de personas procedentes de terceros países considerados de alto riesgo.

La conclusión es que la fórmula “ha aumentado significativamente los riesgos políticos, económicos y de seguridad”.

Otra de las peticiones es que se ponga en marcha una policía financiera europea que, integrada dentro de Europol, tenga su propia capacidad de investigación.

Lavanguardia

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