Los integrantes de la Comisión son los juristas Rafael Oyarte, Amada Páez, Ramiro García Falconí, Alberto Wray, Ernesto Albán y Vanesa Aguirre.
Los 9 jueces deberán ser seleccionados entre los candidatos que envíe cada una de las Funciones del Estado.
Oyarte dijo a periodistas que el reto de la comisión es lograr nombrar una corte que recobre la confianza de la ciudadanía en la Justicia.
García Falconí, mientras tanto, aseguró que la comisión elegirá a los mejores, "sin trampas, sin sesgos políticos, sin descalificaciones personales o ideológicas".
"Si las cosas van bien y sin mayor sobresalto, hasta fin de año tendremos la mejor Corte Constitucional en la historia del país", añadió García Falconí.
En agosto, el CPCCS destituyó a los 9 jueces de la Corte Constitucional basándose en un informe de evaluación de sus actuaciones que determinó que no eran idóneos para sus cargos, entre otras razones porque dentro del proceso para su designación hubo discrecionalidad en la calificación de los méritos.
El informe también sostuvo que halló negligencias y discrecionalidad en la selección de los procesos que analizaron los jueces, que no hubo independencia de la Corte frente otras instituciones del Estado, y que el número de causas que tenían los jueces en sus despachos sin ser tramitadas eran elevadas.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el encargado por mandato constitucional de elegir a las autoridades de control, entre ellos al Fiscal General y Contralor General de la Nación, Procurador del Estado, Defensor del Pueblo y Defensor Público, miembros del Consejo Nacional Electoral, Superintendentes de Bancos, Compañías y de Economía Popular y Solidaria.
El actual CPCCS es transitorio, cesó en sus funciones al anterior luego de que en febrero pasado los ecuatorianos se pronunciaran en una consulta popular en ese sentido.
Debe estar en funciones hasta 2019, cuando se convoque a voto popular para elegir a sus nuevos integrantes. Sputnik
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