La reunión fue adelantada por el digital El Món y hasta el momento se revelaron pocos detalles de la misma.

Poco después del anuncio, uno de los tres partidos independentistas con representación en el Parlamento de Cataluña, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), declinó la invitación.

El portavoz parlamentario de esta formación anticapitalista, Carles Riera, afirmó en declaraciones a TV3, el primer canal de la televisión autonómica catalana, que "en ausencia de un acuerdo para la ruptura democrática con el Estado, no podemos participar en otras iniciativas que no enfrenten el problema real."

"El Consejo de la República es simbólico", remarcó al añadir que "si aquí no trabajamos por la autodeterminación, se trata de marear la perdiz".

Por todo ello, la CUP no se implicará en esta ni en otras iniciativas similares como el Foro Cívico Constituyente "porque desde aquí no se quiere ejercer la soberanía."

Para Riera, "hace falta poner el acento en la movilización en la calle y se ha de poner fin a los simbolismos porque únicamente generan frustración."

El diputado de la CUP apostó por "reactivar" la movilización "para originar un nuevo escenario de confrontación con el Estado" y aseguró que "unas nuevas elecciones ayudarían a clarificar una situación muy confusa."

"Queremos tensionar desde la calle para confrontar la realidad que tenemos delante para destacar que hay que apostar por la vía unilateral", explicó Riera, y advirtió que no hace falta que "los llamen" si es "para mantener" el actual estatus autonómico para Cataluña.

Según avanzaron hace meses los independentistas, el Consejo de la República funcionaría como un organismo ejecutivo, con Puigdemont como presidente, mientras que el actual presidente de la Generalitat (Gobierno catalán), Quim Torra, asumiría las funciones equivalentes a un primer ministro, pero después se habló de atribuirle funciones meramente representativas para internacionalizar la causa independentista.

Puigdemont se encuentra en Bélgica desde octubre de 2017, poco después de que el Parlamento de Cataluña aprobase, el 27 de octubre de aquel año, la declaración de independencia.

El exmandatario trasladó su residencia para eludir así la acción de la Justicia española, que poco después reclamó su extradición por supuestos delitos de rebelión y malversación de fondos relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. Sputnik

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