La Guardia Civil sostiene que el entonces consejero de Interior de la Generalitat (Gobierno catalán), Joaquim Forn, no descartó "en última instancia" un "conflicto armado con el Estado".
En las diligencias entregadas por este cuerpo al Tribunal Supremo se afirma que la perspectiva de una insurrección armada entraba dentro de los planes del Gobierno catalán y cita como prueba las declaraciones del expresidente catalán Carles Puigdemont del 29 de agosto de 2017, cuando en una entrevista en Facebook Live dijo que era "absolutamente indispensable" que Cataluña tuviese su propio ejército.
El texto también agrega las palabras de Forn en una entrevista a Vilaweb del 11 de octubre de 2017, en la que aseguró que si las autoridades españolas aceptaban la nueva realidad política "no habría colisión entre cuerpos de policía", de lo que los agentes de la Guardia Civil dedujeron que éste se produciría al no haber dicha aceptación.
En su informe, la Guardia Civil destaca el elevado nivel de organización del movimiento soberanista, capaz de movilizar a decenas de miles de personas en manifestaciones y concentraciones como la que se produjo frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre, luego que la Guardia Civil comenzase un registro en sus oficinas.
Según el instituto armado, las movilizaciones continuaron los días siguientes con un "fustigamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y a los cuarteles, edificios del Estado y hoteles" donde se alojaban los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Estos actos, recoge el informe, tenían como fin acelerar el proceso independentista y tuvieron un "efecto intimidatorio con el objetivo de limitar, acobardar y dificultar, si no impedir, las actuaciones policiales". Sputnik
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