De esta forma, en Justicia el complemento específico en cuerpos generales del Ministerio de Justicia oscila entre los 11.849 euros al año de País Vasco y los 4.930 euros de los funcionarios no transferidos (los de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Baleares). Es decir, 6.919 euros de diferencia. «Son puestos idénticos, con mismas funciones», ha criticado Carlos Álvarez, secretario de la Fesp.

UGT pide que el aumento salarial para ir avanzando en la equiparación para ir igualando progresivamente a empleados públicos del Estado y de las comunidades debería ser, de media, de 200 euros al mes para los 200.000 trabajadores de la Administración del Estado. El impacto ascendería a unos 800 millones de euros, por lo que es una medida que los sindicatos reclaman se haga de forma gradual.

Estas distancias son similares en Prisiones, aunque en este ámbito son dentro de empleados del Estado y depende de la categoría del centro en cuestión. Por ejemplo, entre las cuatro prisiones de País Vasco y Navarra –de categoría especial–y el centro penitenciario de Cáceres –categoría 2.2–la distancia es de 6.814 euros. En el caso del centro de Badajoz, de categoría 1, la distancia «solo» es de 4.962 euros al año.

Álvarez ha denunciado que la clasificación de los centros que data de 1989 está «obsoleta» y ha calculado que para ir equiparando los salarios del departamento harán falta 166 millones para 22.000 empleados. En el caso de Cataluña, al tener la competencia transferida, si bien los sueldos son más altos las funciones son distintas, ha descrito el secretario general de Fesp.

Personal laborla y funcionario

No obstante, la distinta retribución también depende de la clasificación entre funcionarios y personal laboral, ámbito en el que el sindicato reclama comenzar a equiparar a 46.000 trabajadores por 60 millones de euros. «El acceso al puesto es similar», ha señalado Álvarez. Entre funcionarios, el sueldo más bajo es de 21.996 euros y en el caso de personal laboral, 18.343 euros.

Sindicatos y Gobierno están manteniendo reuniones semanales en grupos de trabajo para trabajar en la mejora de las condiciones de los empleados del Estado y la negociación del IV Convenio Único para el personal laboral. Para octubre la intención es convocar la mesa general de las administraciones, con comunidades y municipios, aunque Álvarez ha recordado que la «fragmentación» parlamentaria complica llegar a acuerdos, ante la dificultad de aprobar los Presupuestos para 2019.

ABC.es

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