Así lo afirmó hoy en rueda de prensa Babar Baloch, portavoz de la ACNUR, quien explicó que el Gobierno ha informado a las dos agencias que estas evaluaciones podían comenzar, aunque aún no ha entregado las autorizaciones individuales para que los funcionarios internacionales puedan viajar por el país.

Estas evaluaciones son parte del Memorando de Entendimiento sobre el retorno de refugiados rohinyás desde Bangladesh a su país firmado entre los organismos y el Gobierno birmano y que, transcurridos tres meses desde su firma, aún no se ha implementado.

El pasado 6 de junio la ACNUR y el PNUD firmaron dicho memorando, que establece un marco de cooperación destinado a crear las condiciones para la repatriación "voluntaria, segura, digna y sostenible de refugiados rohinyás a sus lugares de origen o de su elección".

Las agencias de la ONU indicaron en su día que dichas condiciones "aun no existen" por lo que el memorando es el primer paso para ayudar al Gobierno a crearlas, al apoyar proyectos de desarrollo en el estado de Rakáin, de donde procedían la mayoría de las más de 800.000 personas que abandonaron sus hogares a finales de agosto del año pasado huyendo de la represión de las fuerzas de seguridad birmanas.

Uno de los elementos más importantes era permitir el acceso efectivo a todo el estado de Rakáin para los inspectores de las agencias de la ONU.

Las evaluaciones se realizarían en 23 pueblos y "serían un primer paso que permitiría posteriormente otras evaluaciones más profundas y largas, y serían medidas de establecimiento de confianza para las comunidades que aún permanecen en el estado de Rakáin", especificó el portavoz.

Baloch puntualizó, no obstante, que más allá de las autorizaciones puntuales, las autoridades birmanas deben implementar lo incluido en el memorando, especialmente el acceso a todos los rincones del estado de Rakáin; libertad de movimientos para todas las comunidades; y solventar las causas primigenias de la crisis.

Sobre el acceso, las agencias piden que sus funcionarios sean capaces de entrar diariamente y sin restricciones a todas las zonas del estado y puedan entrevistar a las comunidades locales.

Asimismo, solicitan que los servicios básicos sean distribuidos a todas las comunidades de estado, sin tener en cuenta su religión, etnia o su estatus con respecto a la nacionalidad.

En este sentido, las agencias denuncian que los miembros de la comunidad rohinyá no tienen libertad de movimientos, no pueden trabajar, ni ir a la escuela ni acceder a los servicios sanitarios.

La ACNUR y el PNUD solicitan, además, que se les otorgue la nacionalidad birmana a todos los rohinyás, considerados extranjeros en su propio país y por lo tanto, apátridas.

El último éxodo rohinyá se originó el 25 de agosto de 2017, tras un ataque de un grupo insurgente que fue respondido con una nueva campaña militar en Rakáin contra esta minoría musulmana no reconocida por las autoridades birmanas.

Las Naciones Unidas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado numerosas veces que existen pruebas claras sobre los abusos, y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU lo ha calificado de "limpieza étnica" y ha afirmado que hay indicios de "genocidio.

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