Esta es la principal conclusión de un nuevo informe publicado hoy por la comisión de investigación de la ONU sobre Burundi, que relata un contexto de terror llevado a cabo por el partido en el poder y una total impunidad para los crímenes que se comenten en el pequeño país africano.
"En vista del contexto que ha prevalecido durante 2017 y 2018, caracterizado por la persistencia de violaciones graves de derechos humanos, la Comisión tiene motivos razonables para creer que se siguen cometiendo crímenes contra la humanidad en Burundi", señala el documento.
"El número de violaciones constatadas en varias provincias del país desde 2017 y la pluralidad de víctimas y de los autores demuestran la persistencia de un ataque generalizado contra la población civil", añade.
La comisión especifica que el carácter sistemático de estos ataques es demostrable, dada la existencia de "una repetición deliberada y regular de comportamientos criminales similares".
Los expertos achacan la gran mayoría de los crímenes "a la Policía, al Servicio Nacional de Inteligencia (SNI), y a los Imbonerakure, la rama joven del partido CNDD-DFF del presidente Pierre Nkurunziza.
"Es difícil distinguir la política del Estado de la del partido mayoritario, dado que los dos persiguen el mismo objetivo: el mantenimiento del CNDD-FDD y de sus dirigentes en el poder", según el informe.
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"La comisión puede establecer la responsabilidad del Estado burundés para los actos ilícitos cometidos por los Imbonerakure", subraya el texto, dado que ha quedado probado que actúan bajo "su control efectivo".
El jefe del Estado accedió al poder en 2005 tras el final de la guerra civil, y en 2015 optó a un tercer mandato prohibido por la anterior Carta Magna, lo que desató una ola de protestas seguida de represión gubernamental en la que se cometieron crímenes de lesa humanidad, según la ONU.
La comisión especifica que durante los últimos 18 meses no se han podido constatar ejecuciones sumarias a gran escala como en 2015, "pero múltiples testigos atestiguan de la persistencia de este tipo de violación, principalmente contra los miembros de la oposición o personas sospechosas de serlo o de haber rechazado unirse al CNDD-FDD".
Concretamente, la vejaciones registradas en el último año y medio incluyen ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, arrestos y detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual, y violaciones a las libertades públicas.
"La práctica consistente en hacer desaparecer los cuerpos, especialmente poniéndoles piedras y tirando los cuerpos al río, y transportarlos de una provincia o de una población a otra para complicar la identificación ha perdurado, así como el hecho de enterrar los cuerpos sin que se hayan investigadas las muertes", indica el documento.
Otro aspecto denunciado por la comisión es que todos estos crímenes se cometen en la mayor impunidad.
"Los autores de las violaciones operan en un clima general de impunidad favorecido por la ausencia de independencia de la justicia en Burundi, caracterizada especialmente por el control institucional del poder ejecutivo sobre los jueces", dice el texto.
La comisión ha redactado una lista de personas sospechosas de haber cometido crímenes contra la humanidad en la que atribuye responsabilidades directas, pero también responsabilidades indirectas de los jefes militares y superiores jerárquicos.
Esta lista será entregada al fin del mandato de la comisión al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que la preserve.
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