"Es lamentable comunicar el fallecimiento de dos personas de sexo masculino, de 40 y 45 años de edad. No han sido identificados, ambos portaban armas de fuego, un (fusil) máuser", dijo en conferencia de prensa Faustino Mendoza, según fue citado por el diario Página Siete.
Aseguró que los caídos en la región de La Asunta, al norte de La Paz, pertenecían a un "grupo irregular armado" que emboscó a una patrulla policial, provocando el fatal intercambio de fuego, en el cual fueron detenidos otros dos campesinos.
Pero el dirigente cocalero Freddy Quispe denunció, según el mismo diario, que la emboscada fue montada por la policía contra los productores movilizados contra el programa gubernamental de erradicación de cultivos "excedentarios".
"Acaban de ser asesinados nuestros hermanos, tenemos muchos heridos, dos muertos de nuestros hermanos", dijo Quispe.
El nuevo episodio violento en la región donde se concentra la mayor cantidad de cultivos de coca de Yungas ocurrió mientras crecían las movilizaciones en demanda de la liberación de uno de sus líderes encarcelado por la muerte del policía.
Horas antes de conocerse el nuevo hecho de violencia, el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay) anunció que una marcha de mujeres iniciada el martes era la punta de lanza de las protestas contra la política de reducción de cocales del Gobierno de Evo Morales.
"Pelearemos por nuestros derechos hasta las últimas consecuencias, nuestras mujeres ya están marchando desde ayer [28 de agosto] y al final llegarán miles el próximo martes [4 de septiembre] a La Paz", afirmó Tito Flores, dirigente del Cofecay, reportaron radios locales.
La declaración del Cofecay, que llamó a una "movilización general en defensa de la coca legal", anticipaba una acción concertada entre esa organización y la paralela Asociación de Productores de Coca de Yungas, cuyo presidente Franklin Gutiérrez llevaba ya dos días en prisión preventiva como presunto responsable intelectual de la muerte del policía.
El dirigente Flores informó que el Cofecay, tradicionalmente aliado de Morales, consideraba "injusta" la detención de Gutiérrez, quien según el Gobierno lideró el pasado fin de semana la emboscada en la que murió el agente del orden que acompañaba a una brigada de destrucción de cocales.
"Por encima de todo está la defensa de la dignidad de la coca legal y los productores", afirmó Tito.
Anunció que los cocaleros de Yungas pretenden "paralizar La Paz con marchas y bloqueos hasta lograr la liberación del compañero Gutiérrez".
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció a medios locales que algunos cocaleros de Yungas podrían estar aliados a narcotraficantes, que no identificó.
Afirmó que la erradicación de cocales en Yungas continuará pese a la resistencia campesina, que atribuyó también a "injerencia política" en alusión a la conocida amistad entre el detenido Gutiérrez y el empresario y político conservador Samuel Doria Medina.
El conflicto reavivó una aparente enemistad entre los cocaleros tradicionales de Yungas y los de Chapare, región de expansión de cultivos de coca ubicada en el departamento de Cochabamba (centro), que es el bastión sindical y político de Morales.
La disputa se remonta al menos a principios de 2017, cuando el Gobierno aprobó una Ley General de la Coca (materia prima de la cocaína) que casi duplicó la cantidad permitida de cocales a 22.000 hectáreas, incrementando los del Chapare en desmedro de los de Yungas.
En los Yungas están casi dos tercios de las 24.500 hectáreas de cultivos de esa materia prima de la cocaína detectadas en 2017 por la Organización de las Naciones Unidas, según un reciente informe oficial que reveló un sostenido aumento de los restantes cocales en Chapare.
Los cocales yungueños son considerados tradicionales y abastecen al mercado local de infusiones, masticación y rituales andinos.
La Asamblea de Derechos Humanos, la universidad pública de La Paz y varios colectivos ciudadanos anunciaron que brindarán apoyo logístico a las mujeres que marchaban por la sinuosa carretera de montaña entre Yungas y La Paz.
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