"Gracias a los esfuerzos de todas las partes, Birmania y Bangladés lograron cierto progreso, ante esa situación la comunidad internacional debe jugar un papel constructivo y seguir apoyando la solución del problema rohinyá mediante el diálogo (…), considero que la presión y las acusaciones unilaterales en realidad no ayudan en nada a resolverlo", dijo la diplomática.
Al comentar un informe de la misión de la ONU sobre Birmania que llama a demandar ante los tribunales al Gobierno del país, la portavoz resaltó que la crisis de los rohinyás cuenta con aspectos religiosos, históricos y étnicos.
Hua Chunying destacó que Pekín ocupará una postura constructiva ante las represiones contra esa minoría en el país asiático, que provocaron una crisis migratoria en el vecino Bangladés.
El informe en cuestión, que será presentado oficialmente el próximo 18 de septiembre en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, denuncia el genocidio en el norte del estado birmano de Rakáin, así como crímenes de lesa humanidad y delitos de guerra en los estados de Rakáin, Kachin y Shan, por los que deben ser investigados y enjuiciados los altos mandos militares de Birmania.
El documento acusa también al llamado Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán de cometer abusos serios de los derechos humanos y de ciertos actos que "pueden considerarse crímenes de guerra".
A los autores del estudio se les denegó la entrada en Birmania por tanto se vieron obligados a realizar su investigación analizando entrevistas con víctimas y testigos, imágenes obtenidas por satélite, fotos y vídeos.
Se precisa, además, que antes de ser publicado el informe fue enviado al Gobierno birmano que todavía no ha dado ninguna respuesta.
Más de 700.000 rohinyás, un grupo étnico musulmán bengalí del norte del estado de Rakáin, huyeron a la zona limítrofe de Bangladés en poco menos de un año desde finales de agosto de 2017, en medio de un brote de violencia provocado por un ataque de Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (antiguo nombre de Rakáin) contra 30 puestos policiales y la operación militar llevada a cabo por los militares birmanos en respuesta.
La operación militar se saldó con más de 400 muertos.
Birmania, una nación mayoritariamente budista, deniega ciudadanía y derechos civiles a esta comunidad musulmana estimada entre 1,1 y 1,5 millones de personas, alegando que son inmigrantes bengalíes; el conflicto y la crisis humanitaria se agravaron especialmente con la transición política de un régimen militar a uno civil ocurrida entre 2011 y 2012.
Sputnik
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