El Tribunal de Cuentas ha detectado que casi 30.000 personas que figuran como fallecidos seguían cobrando una pensión en 2014 por un importe total de 25 millones mensuales. Esto es, unos 300 millones de euros al año. En un informe de fiscalización correspondiente al 2014, el organismo encuentra una serie de “lagunas y deficiencias” en el control que ejerce la Seguridad Social sobre las defunciones de pensionistas y, en consecuencia, recomienda mejoras para impedir que se paguen prestaciones a personas ya muertas.

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El Tribunal de Cuentas cruza el histórico de fallecimientos registrados entre 1987 y agosto de 2015 con la nómina de pensiones de diciembre de 2014. Y como resultado halla que “un total de 29.321 pensionistas con pensiones por importe de 25,3 millones mensuales figuran como fallecidos según la información del INE”. La institución fiscalizadora también señala en su nota que el 95% de estos difuntos continuaban cobrando una pensión prácticamente un año más tarde, en octubre de 2015.

No obstante, la Seguridad Social resta veracidad a las afirmaciones del Tribunal. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) alega que ha ido caso por caso y que al cruzar los beneficiarios de la prestación y los datos de decesos del INE que blande el Tribunal surge la sorpresa: en la gran mayoría de los "presuntos pensionistas fallecidos" sólo coincide el número del Documento Nacional de Identidad. Ni el nombre, ni ningún otro dato. Es decir, sostiene que hay un error a la hora de registrar los DNI. "Parece altamente probable que el error en la identificación por DNI se encuentre en el fichero de defunciones o, en todo caso, que se trate de duplicidades", explica.

En definitiva, la Seguridad Social considera que los resultados que ha obtenido el Tribunal respecto al control de los fallecidos deben ser “objeto de revisión”, ya que en su opinión no se corresponden con la realidad.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas atribuye estas deficiencias a la pobre información sobre defunciones que remiten al INSS tanto la Dirección General de los Registros y del Notariado como el Instituto Nacional de Estadística. Además, cuestiona los criterios del INSS a la hora de efectuar el cruce informático. “El INSS no tiene establecido un control de vivencia de los beneficiarios de una pensión y las entidades financieras colaboradoras en el abono de las pensiones tampoco efectúan de manera sistemática dicho control”, subraya el Tribunal de Cuentas.

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