Uno de los argumentos que esgrimió es que si el máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, popularmente conocido como `Timochenko`, va a estar en el Parlamento, él también tiene derecho.
"Si el señor Timochenko va a estar en el Senado, pues Popeye también puede estar. Además, yo ya pagué 23 años y tres meses de cárcel", argumentó Velásquez, quien fue liberado a fines de agosto de 2014.
La justicia transicional a la que se refirió el sicario preferido de Pablo Escobar Gaviria, entrará en vigor cuando se firme la paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Uno de los puntos acordados por las delegaciones negociadoras de la guerrilla y el Gobierno es la participación de los rebeldes en la política.
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No obstante, este anhelo de `Popeye` parece no tener una garantía jurídica. "Legalmente esto no es viable. A todas las personas que cometieron delitos de lesa humanidad se les prohíbe participar en política", explicó a Sputnik Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.
"Lo de Timochenko sí es viable porque hay un proceso de justicia transicional. El proceso de paz entre el gobierno y las FARC crea una figura llamada jurisdicción especial para la paz donde, si se cumplen los requisitos, los derechos políticos le son restituidos. Pero para el caso de Popeye esto no se aplica. Él podría alegar un tema de desigualdad en la ley, sin embargo, la justicia creada en el proceso de paz de La Habana aplica para todos los hechos cometidos en el marco del conflicto armado. Lo que hizo Popeye con el cartel de Medellín no está inmerso en ese marco. Si llegara a alegar esto, muy seguramente le sea negada tal petición", concluyó Ávila.
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