Willie Kimani abandonaba su despacho en el centro de Nairobi, la capital de Kenia, hace una semana en compañía de un cliente, Joshefat Mwenda, y su chófer. Se dirigían al juicio de Mwenda, un motorista que había interpuesto una denuncia contra un agente de policía que supuestamente le había disparado en el brazo, sin querer, en 2015. Ese fue el último atisbo de vida que dejaron los tres. Días después, los medios de comunicación se hacían eco del supuesto secuestro de Kimani, de 32 años, trabajador para la Misión de Justicia Internacional, una organización benéfica originaria de Estados Unidos que se centra en los casos de abuso de la policía. Este viernes, medios locales afirmaban que la policía había encontrado el cuerpo sin vida del abogado y, junto a él, el de otras dos personas aún no identificadas que probablemente se correspondan a los otros dos desaparecidos. "Hoy es un día negro para el Estado de Derecho en Kenia", ha declarado la Sociedad de Abogados del país. Mientras que todas las miradas apuntan a que se trata de un caso más de abuso policial, el jefe de la Policía ya ha ordenado la detención de tres agentes sospechosos de haber participado en el secuestro de Kimani y en su ejecución. Según la agencia de noticias France Presse, el cuerpo del abogado fue encontrado atado y envuelto en un saco junto a otro de los cadáveres aún sin identificar, ambos a 70 kilómetros de Nairobi, ha relatado una fuente policial a la BBC. El tercer cuerpo aún no ha sido hallado por las fuerzas de seguridad, aunque hay una búsqueda en curso. Según el Tribunal Nacional de Justicia, es la primera vez que un abogado que trabaja en un caso parecido es asesinado. Según ha publicado The New York Times, el cliente de Kimani, Mwenda, presentó una denuncia contra un oficial -cuya identidad no ha trascendido-, a la que el oficial y sus colegas respondieron aplicando cargos falsos contra él (desde acusaciones de posesión de drogas hasta delitos menores, según han dicho activistas de grupos humanos). Sin querer ceder a la presión por el acoso, Mwenda se resistió a abandonar el juicio, con lo que el jueves de la semana pasada siguió adelante con el proceso. Según su esposa, a quien cita el rotativo estadounidense, alrededor de las 16.30 horas recibió una llamada extraña. Supuestamente, un transeúnte vio a los hombres encerrados en una base policial pidiendo ayuda y consiguieron darle una nota escrita en papel higiénico firmada por Mwenda: "Llame a mi esposa y dígale que estoy en peligro", firmaba. Esa noche, sus teléfonos fueron desconectados. Abuso policialLa policía keniana es consciente de la mala imagen que de ellos tiene la mayor parte de la sociedad civil. Durante los últimos 10 años han tratado de llevar acabo un lavado de imagen, pero no es suficiente. El portavoz nacional del cuerpo preguntó recientemente a sus conciudadanos por qué la sociedad continúa dándoles un suspenso en su labor y hasta temiendo su presencia. Algunos, incluso, creen que los oficiales "están trabajando con los criminales", recoge la BBC. No es la primera vez que pesan denuncias de abuso de poder y asesinatos extrajudiciales acometidos por parte de las fuerzas de seguridad kenianas. Hace apenas unos meses podíamos ver la brutalidad con la que trataban a varios manifestantes en las calles de Nairobi. Patadas, palos y gases lacrimógenos contra todo aquel que osara llevar a cabo cualquier concentración de protesta. Pero no sólo han sido denunciados de un uso extremo de la violencia en las calles, también lo han sido de llevar a cabo asesinatos contra quiénes consideraban que podían formar parte o tener vínculos con el grupo terrorista Al Shabab, presente en la vecina Somalia y con cada vez más expansión en Kenia. Precisamente, este jueves se produco el último ataque del grupo en la región norteña de Mandera, donde varios atacantes han disparado contra dos autobuses causando al menos seis víctimas mortales. En mayo de este mismo año, un hombre de negocios llamado Jacob Juma fue asesinado a tiros mientras se dirigía a su casa. Según se informó, había estado implicado en varios casos legales contra el Gobierno sobre ofertas comerciales. En 2009, el activista de derechos humanos Oscar Kamau Kingara también fue ejecutado a tiros mientras iba a su casa en coche. Había investigado las ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía de varias personas sospechosas de terrorismo. En 2012, el clérigo musulmán Aboud Rogo Mohammed y, en 2013, Ibrahim Rogo Omar, fueron asesinados después de ser acusados de respaldar a Al Shabab. Según la Organización Oficial de Derechos Humanos de Kenia, entre 2013 y 2015 se llevaron al menos 25 ejecuciones extrajudiciales.
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