La canciller alemana viajó a un campo de refugiados con el fin de presionar a Ankara para que cumpla el polémico pacto sobre los refugiados.

Las imágenes del primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, con sonrisa de satisfacción, y la de las chicas con ramos de flores que recibieron a Angela Merkel en el aeropuerto no engañaron a nadie: el viaje de la canciller alemana a un campo de refugiados en la localidad de Gaziantep, cerca de la frontera con Siria, fue más un ejercicio de equilibrismo diplomático que una visita de cortesía.

"Solidaridad con los migrantes. Estamos orgullosos de nuestra canciller Angela Merkel y del primer ministro Ahmet Davutoglu", decía un enorme cartel en alemán desplegado en esa ciudad del sur de Turquía, acosada permanentemente por los cohetes de la organización jihadista Estado Islámico (EI).

Abierto en 2013, el campo Nizip 2 recibe en construcciones prefabricadas a unos 5000 refugiados sirios, entre los cuales hay unos 2000 chicos, según cifras del gobierno turco.

Acompañada por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, en todo caso Merkel llegó a Gaziantep con un objetivo preciso: salvar el polémico acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Turquía para controlar el flujo migratorio, que Ankara amenaza con dejar de respetar.

Defendido con ahínco por la dirigente alemana, ese acuerdo, firmado hace tres semanas y simultáneo al cierre de numerosas fronteras internas en Europa, impidió a los traficantes hacer llegar a los refugiados al norte del continente. Sobre todo consiguió, en un primer momento, reducir sensiblemente las llegadas a las islas griegas.

Sin embargo, en los últimos días, volvieron a aparecer los botes inflables que transportaban unas 150 personas por día. Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), esto indica que parece haber terminado el "cierre hermético" de la ruta desde Turquía. Para los dirigentes europeos, que no lo dicen abiertamente, es un auténtico chantaje de parte de las autoridades turcas.

Mediante ese acuerdo, firmado para disuadir los ingresos clandestinos a Europa, que enfrenta la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, Turquía se comprometió a aceptar a todos los candidatos entrados en forma ilegal a Grecia desde el 20 de marzo. Ese plan prevé además que, por cada asilado sirio enviado a Turquía, otro será "reinstalado" en un país europeo, hasta una cifra máxima de 72.000 por año.

En contrapartida, los europeos aceptaron otorgar hasta 6000 millones de euros, reactivar las negociaciones sobre el ingreso de Turquía a la UE y acelerar el proceso de liberalización de visas para los turcos.

Para los dirigentes turcos, que prometieron a sus 79 millones de ciudadanos una excepción de visa antes de fines de junio, esta última es una condición sine qua non. De modo que, ante la lentitud de la decisión por parte de Bruselas, esta semana Ankara aumentó la presión amenazando con dejar de respetar el acuerdo si la UE no cumple su palabra.

La CE indicó que presentará un informe el 4 de mayo, pero son muchos los dirigentes europeos que no quieren saber nada con esa medida.

El primer ministro húngaro, el populista Vikton Orban, estimó por ejemplo que la UE "se entregó" a Turquía con consecuencias "imposibles de prever". Y no es el único.

Para la opinión pública alemana, este viaje confirma la importancia asumida por Turquía en la política de la canciller. Según un sondeo publicado anteayer por la cadena de televisión ZDF, 80% de sus conciudadanos dudan de que Turquía sea un socio confiable. Asimismo, 80% de alemanes juzgan que Merkel hace demasiadas concesiones al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Por otra parte, este viaje se produjo además en momentos en que la canciller es blanco de durísimas críticas en su propio país por haber autorizado la posibilidad de enjuiciar a un humorista alemán que trató a Erdogan de "perverso, pulguiento y zoófilo". Para un gobierno acostumbrado a reprimir la libertad de expresión, ese juicio se transformó en exigencia.

Pero la decisión de Merkel provocó una condena unánime en Alemania. Por primera vez desde la formación de la coalición que dirige el país, en diciembre de 2013, los ministros socialdemócratas se desmarcaron de la canciller, mientras un sondeo demostró el desacuerdo de 62% de los alemanes.

"Nuestras libertades, incluida la libertad de expresión, no serán objeto de ninguna negociación política con nadie", señaló Tusk, solidario con la canciller, en una columna publicada en varios diarios europeos.

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