AzVision.az informa que estas opiniones fueron recogidas en la declaración del secretario de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Aykhan Hajizade, sobre la declaración pública del Comité para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa.
El CPT también tomó una decisión sin precedentes de publicar el informe completo sobre los resultados de una visita especial a Azerbaiyán en 2022 sin obtener el consentimiento pertinente, en contra de la petición aceptada por el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Este enfoque es injusto e irrazonable, además de jurídicamente cuestionable. Desde 2002, el CPT ha realizado varias visitas periódicas y especiales a nuestro país y ha publicado informes sobre la aplicación de la Convención por parte de Azerbaiyán.
Azerbaiyán presentó la posición del gobierno sobre cada disposición mencionada en los informes. Además, como se menciona en la declaración pública, se tomaron medidas para eliminar las deficiencias pertinentes y siempre se tuvieron en cuenta las recomendaciones del Comité. Durante el período de cooperación, el Comité ha recibido el apoyo necesario durante sus visitas hasta la fecha. Además de apoyar las investigaciones locales, se han tomado medidas para garantizar el más alto nivel posible de recepción para los miembros de la delegación y se han hecho todos los esfuerzos posibles para fortalecer las bases de la cooperación.
Es especialmente lamentable que esta decisión se haya adoptado en el contexto de la actual situación en las relaciones entre Azerbaiyán y el Consejo de Europa, que surgió tras la decisión sesgada de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) de no ratificar los poderes de la delegación de Azerbaiyán en enero de 2024. Rechazamos las críticas contenidas en dicha declaración pública de que en lugar de una cooperación constructiva con una serie de agencias gubernamentales, les atribuyen la responsabilidad. Azerbaiyán está logrando avances significativos en el ámbito de la protección de las personas privadas de libertad, así como en la adaptación de la práctica pertinente a las normas generalmente aceptadas.
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