El comentario subraya que la periodista azerbaiyana, que visitó Bonn para asistir a un acto organizado por la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), fue detenida el 11 de junio en el aeropuerto de Colonia/Bonn e informada de que su entrada en la zona Schengen estaba bloqueada por Francia. Después de que la periodista azerbaiyana invitada al acto fuera detenida en el aeropuerto durante varias horas, una investigación de las autoridades alemanas competentes reveló que la petición carecía de base legal y se le permitió entrar en el país.

Se llama la atención sobre el hecho de que este trato atroz a una periodista azerbaiyana viola flagrantemente las normas y principios del derecho internacional, principalmente el derecho a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, el derecho de acceso a la información, con el objetivo al mismo tiempo de restringir la libertad de actividad de los representantes de los medios de comunicación.

Cabe señalar que, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como a no ser molestado a causa de sus opiniones, a investigar y recibir informaciones y opiniones, y a difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Al mismo tiempo, Francia actuó en contra de lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, señala la defensora del Pueblo.

El comentario subraya que es inaceptable impedir la participación de un representante de los medios de comunicación azerbaiyanos en un acto dedicado al tema del cambio climático, sobre todo teniendo en cuenta que este año Bakú acogerá la 29ª sesión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29).

La obstaculización por parte de Francia de las actividades profesionales de una periodista por motivos políticos y sobre la base de prejuicios infundados, así como las propias acciones encaminadas a restringir la libertad de circulación, deben ser condenadas por las organizaciones internacionales pertinentes y deben llevarse a cabo las investigaciones necesarias, según el comentario de la defensora del pueblo.

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