Presentamos el artículo: “En medio del mundo turbulento de conflictos, nos enfrentamos a diversas cuestiones de seguridad y humanitarias, como la crisis de refugiados, la migración y otras más. Sin embargo, hay un problema que persiste en varias partes del mundo, especialmente en aquellas afectadas por conflictos recientes o pasados: el tema de las minas terrestres. Recientemente, al observar las estadísticas internacionales sobre este tema, los resultados son sorprendentes y desconcertantes, especialmente en lo que respecta al nivel de contaminación por minas y trampas de cazabobos en el Cáucaso.
Este problema se ha vuelto aún más pertinente después de la liberación de territorios azerbaiyanos de la ocupación armenia. Hoy en día, estos territorios están entre los más contaminados del mundo, con más de 1.5 millones de minas y dispositivos explosivos por kilómetro cuadrado, resultado de la intensa siembra de minas por parte de Armenia.
Según la información, solo el 25% de los mapas de minas proporcionados por Armenia a Azerbaiyán son precisos. Según las estimaciones de las Naciones Unidas, Azerbaiyán necesitará 30 años y 25 mil millones de dólares para limpiar la zona, un proceso conocido como desminado. Este proceso se vuelve aún más urgente debido al retorno de las personas desplazadas internamente a esas tierras después de haber sido expulsadas por los armenios en los años 90.
El proceso de desminado lo lleva a cabo Azerbaiyán por sí mismo, ya que el presidente de Azerbaiyán incluso ha declarado que los precios de las empresas y agencias de desminado independientes son astronómicos. Además, el terreno montañoso de la región de Karabaj dificulta aún más el proceso. Es importante destacar que, durante poco más de tres años después de la guerra de liberación de Azerbaiyán en 2020, casi 400 personas resultaron asesinados, mutilados y heridos por la explosión de minas.
La Convención de Ottawa contra las minas terrestres prohíbe su uso, almacenamiento, producción y transferencia, y exige su destrucción. Sin embargo, es preocupante que en Karabaj no se esté invirtiendo lo suficiente en este problema por parte de la comunidad internacional, así como en los aspectos tecnológicos y financieros, a pesar de la multidimensionalidad de la cuestión de ya que afecta la seguridad y las vidas humanas.
En el año 2021, luego de la guerra de Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, se colocaron también minas adicionales por parte de Armenia. Más de tres mil de esas minas fueron detectadas y desactivadas por Azerbaiyán.
Los países más afectados por las minas terrestres después de conflictos incluyen a Angola, Camboya, la República Democrática del Congo, Laos y Vietnam, todos los cuales continúan sufriendo décadas de contaminación por minas. Se estima que, en 2021, más de 5,500 personas fueron asesinadas o mutiladas por minas terrestres.
En Ucrania, alrededor del 30% del país podría estar minado como resultado de las hostilidades. La comunidad internacional, incluidos la ONU y organizaciones como Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS), proporcionan apoyo a través de la concienciación, la remoción de minas, la educación sobre riesgos y la asistencia a las víctimas. Desde finales de los 90, se han destruido más de 55 millones de minas terrestres y se han liberado más de 30 países de minas. Mientras tanto, resulta sorprendente que Azerbaiyán no reciba la ayuda integral suficiente para enfrentar esta situación.
Las regiones más afectadas por minas terrestres en Latinoamérica incluyen a Colombia, Ecuador y Perú. Estos países han experimentado conflictos armados internos y enfrentamientos con grupos guerrilleros, lo que ha dejado minas terrestres sembradas en diversas áreas. Entonces, ¿qué hacemos con estos países? Mientras algunos llevan a cabo procesos de reconstrucción, como es el caso de Azerbaiyán, otros enfrentan situaciones de guerra en curso, como en Ucrania.
Paralelamente, mientras ampliamos las partes del tratado de Ottawa, deberíamos tomar medidas efectivas y orientadas a resultados, como brindar apoyo político, intercambio de experiencias, y apoyo económico y financiero para garantizar que los países afectados puedan abordar eficazmente esta crisis humanitaria y de seguridad. Esto es particularmente importante en regiones como Karabaj, donde después de tres décadas de conflicto, se ha logrado la finalización del mismo, lo que ahora ofrece esperanza para una paz duradera, así como para la reconstrucción, revitalización y retorno a la normalidad de esa región”.
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