Un mes después de que un terremoto de magnitud 7,8 en la escala Richter sacudiera el norte de Ecuador, la situación sobre el terreno es aún devastadora. "Unas 33.000 [víctimas] están en albergues formales o campamentos y unas 40.000 están alojadas en casas de vecinos o amigos o viviendo cerca de las viviendas destruidas, pero están a la intemperie", explica el coordinador humanitario de Naciones Unidas en Ecuador, Diego Zorrilla. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha instado a los damnificados a que abandonen los albergues improvisados que carecen de las condiciones de seguridad necesarias y donde conviven "niños al lado de adultos" y pueden producirse incluso "abusos sexuales".

El Gobierno y la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) han pedido a la comunidad internacional una ayuda de 64 millones de euros para atender a unos 350.000 afectados en los próximos tres meses. La Asamblea Nacional aprobó el pasado jueves un proyecto de ley para apuntalar la reconstrucción de la región afectada. Prevé el aumento por un año del 12% al 14% del IVA y la contribución de un día de salario al año de los empleados que ganen más de 1.000 dólares mensuales (885 euros); de dos días, los que ganen 2.000 (1.770 euros) y así progresivamente según una tabla que va hasta los 20.000 dólares (17.700 euros). Quienes cuenten con un patrimonio superior al millón de dólares (885.700 euros) aportarán el 0,9% de sus bienes por una sola vez y las empresas el 3% de sus utilidades en 2015.


El terremoto del norte de Ecuador devastó los medios de producción de centenares de miles de personas. El Ministerio de Agricultura indica que están destruidos 154 edificios del tejido productivo en las provincias afectadas. En Manabí se registran daños en 34 industrias pesqueras, 31 granjas avícolas, 39 granjas porcinas, 22 piladoras de arroz; y en Esmeraldas se destruyeron 10 centros de acopio de cacao, entre otros edificios. Además, se han perdido 13.000 hectáreas dedicadas al cultivo del camarón y 7.500 comercios.

“Para la población más vulnerable, las principales fuentes de ingresos son el trabajo en las plantas empacadoras y procesadoras de camarón. La mayor parte de las piscinas de cultivo han quedado o bien destruidas o afectadas”, afirma Maximiliano Verdinelli, coordinador del equipo de emergencia de la ONG Acción contra el Hambre.

También hay más de 600 escuelas impactadas que han dejado sin acceso a la educación a 120.000 niños y hay más de 100 estructuras de salud dañadas. En el sector público están inhabilitados 92 edificios ya sea por daños totales o parciales o porque el personal no se ha presentado a trabajar.

"De esa solicitud de fondos que lanzamos a la comunidad internacional, hemos recibido a la fecha de hoy [por el pasado miércoles] más o menos unos nueve millones de dólares a través de contribuciones directas a proyectos y programas planteados por Naciones Unidas y sus socios humanitarios", precisa Zorrilla. "Sabemos que hay otros seis o siete millones que han llegado a través de otros mecanismos en apoyo al país. Estamos alrededor de no más de un 20% de lo que pedimos”.

El terremoto ocurrió justo cuando el país empezaba a sentir un bajón en su economía. El déficit fiscal de este año es superior a los 5.000 millones de dólares (4.400 millones de euros) y, las necesidades de financiamiento bruto, se acercan a los 14.000 millones (12.400 millones euros), según el analista económico y presidente del Consejo Empresarial de América Latina en Ecuador, Abelardo Pachano. El experto cuestiona la necesidad de la Ley solidaria y asegura que “la urgencia está cubierta” con los 630 millones de dólares que ya se han conseguido a través del BID, BM y CAF, y de los que ya han sido desembolsados 160 millones.

El terremoto del pasado 16 de abril es el fenómeno natural que ha causado el mayor desastre en la región desde el terremoto de Haití de 2010. Causó 660 muertes y destruyó 7.000 viviendas, según la ONU. También hay cerca de 73.000 personas desplazadas, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones. Zorrilla recuerda que las zonas afectadas ya tenían problemas antes del seísmo. La mayor parte de cantones (municipios) de Manabí, una de las provincias afectadas, superaban de tiempo atrás el porcentaje nacional de necesidades básicas insatisfechas (76,43%). Y un 30% de su población recibía desde antes de la tragedia agua por medio de tanqueros.

El presidente Rafael Correa señaló que la reconstrucción “tomará meses, años, y costará centenas, probablemente miles de millones de dólares”. En un cálculo inicial, el primer mandatario hablaba de la necesidad de 3.000 millones de dólares, pero ahora se espera que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presente un informe de los daños por sectores el próximo 4 de junio para conocer una cifra técnica.

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