Santiago de Chile registró este viernes una nueva jornada de protestas que congregó a más de 400 personas y que se saldó con 20 detenciones, la segunda manifestación significativa desde el inicio del desconfinamiento gradual que vive el país austral tras la que tuvo lugar la pasada semana.

La céntrica Plaza Italia, rebautizada popularmente como "Plaza Dignidad", volvió a ser el punto de encuentro del descontento ciudadano, esta vez con manifestantes con mascarillas que se dispersaron entre las inmediaciones de la glorieta, el parque y las calles colindantes.

Durante la marcha, miembros del cuerpo policial de Carabineros de Chile recurrieron a los habituales carros lanza-aguas para dispersar a los manifestantes y detuvieron a 20 participantes por desórdenes públicos.

La protesta evidencia una tímida reactivación de las masivas movilizaciones que comenzaron en octubre de 2019, que se habían tomado un paréntesis durante los cinco meses de confinamiento que decretaron las autoridades tras la llegada de la pandemia al país austral el pasado mes de marzo.

Los manifestantes lanzaron consignas contra el actual Gobierno y se mostraron simpatizantes con la aprobación de una nueva Constitución en el histórico plebiscito que tendrá lugar el próximo 25.

También se hicieron visibles algunos carteles en alusión a Salvador Allende, ya que el encuentro coincidió con el 50 aniversario del triunfo electoral del líder de Unidad Popular, que en 1970 se convirtió en el primer presidente socialista votado democráticamente en América Latina.

En 1973 el golpe de Estado militar liderado por el general Augusto Pinochet terminó con el Gobierno del mandatario socialista y motivó su suicidio, siendo desde entonces el político más admirado de la izquierda chilena.

El próximo 25 de octubre se celebrará un histórico plebiscito que abre la posibilidad de dejar atrás las actual Carta Magna redactada en dictadura y considerada por muchos chilenos como el origen de las enormes desigualdades del país.

El referéndum es la solución política propuesta para desbloquear la crisis social, la más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que se saldó con una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con saqueos, incendios y destrucción de mobiliario público.

elperiodico

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