La empresa que contrató el Gobierno de la Comunidad de Madrid para medicalizar las residencias de mayores en los momentos más duros de la epidemia recurrió a tres sanitarios venezolanos a los que no dio de alta en la Seguridad Social. Estos trabajadores realizaron las tareas sin contrato, sin seguro, siendo remunerados menos de lo acordado y fueron despedidos cuando se quejaron de las condiciones laborales que tuvieron que enfrentar.
En un artículo publicado en eldiario.es, la periodista Laura Galaup narra el goteo de irregularidades que le han contado cinco profesionales que han trabajado para esa empresa. Los hechos se enmarcan en la 'Operación Bicho', el nombre que la Comunidad de Madrid dio al plan que puso en marcha para medicalizar las residencias de la tercera edad de la región.
El proyecto estuvo en marcha entre el 26 de marzo y el 6 de abril. La Consejería de Sanidad contrató a la empresa Cardio Líder, dirigida por Encarnación Burgueño, hija de Antonio Burgueño, quien fuera el ideólogo de la privatización de la sanidad pública madrileña y actual asesor externo del gobierno regional para la crisis del coronavirus.
Encarnación Burgueño, sin experiencia en gestión sanitaria ni de residencias y sin equipos propios, contrató a la empresa de ambulancias privadas Transamed. Fue esta compañía, con muy poca estructura y empleados, la que reclutó a tres médicos venezolanos residentes en España, con visa de estudiantes pero no de trabajo, y a los que no dio de alta en la Seguridad Social.
El testimonio de los trabajadores sostiene que hubo "un sinfín de irregularidades" y que cuando se quejaron, el gerente de Transamed, Eduardo Aragonés, amenazó con el despido: "Hay más gente, más médicos que quieren trabajar, hay más gente que quiere trabajar ilegales, que no les tengo por qué hacer ningún contrato. Vosotros mismos, de verdad. Es una pena", se le escucha decir a Aragonés en un audio recogido por eldiario.es.
Según el medio que ha desvelado el escándalo, estos sanitarios se limitaban a levantar acta de la situación que existía en cada centro que visitaban y a indicar las necesidades de personal en informes firmados con el número de colegiado de cada profesional. En total, fueron cuatro ambulancias las encargadas de visitar 200 de los 475 centros de la región en menos de dos semanas, labor a la que se ha referido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para defender su gestión de la crisis sanitaria en los centros de mayores, y a la que ha denominado "medicalización".
Desde el inicio de la pandemia han muerto en las residencias de la Comunidad de Madrid 8.236 ancianos, de ellos, 5.984 tenían coronavirus o síntomas compatibles con covid-19. En total, en los dos meses más duros de la epidemia, los centros de mayores de esta región perdieron al 17 % de sus residentes, casi el doble de la media nacional.
Durante el periodo que duró la 'Operación Bicho', exactamente doce días, el cómputo de fallecimientos en las residencias de la tercera edad de esta región pasó de 1.065 a 4.750, según las propias cifras publicadas por la Comunidad de Madrid.
La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas 194 diligencias civiles y otras 240 investigaciones relacionadas con situación creada por la crisis sanitaria en las residencias de mayores de todo el país. La Comunidad de Madrid es la que más acumula, con un total de 105 diligencias y una querella que tendrá que resolver el Tribunal Supremo por estar acusada Díaz Ayuso.
RT
