Decenas de personas se concentraron este sábado al suroccidente de la ciudad de Bogotá para protestar contra la violación perpetrada por siete soldados del Ejército colombiano contra una niña indígena de la comunidad embera.
La movilización fue auspiciada por la organización Red de Mujeres y Populares las Amapolas bajo la consigna “el Ejército opresor es un macho violador”.
La mayoría de las personas que salieron a la protesta eran mujeres que portaron carteles con frases como “entonces me tienen que golpear o matar para que sea acceso carnal violento”.
Las manifestantes también se realizaron en contra del delito con el que fueron judicializados los soldados, que fue acceso carnal abusivo y no violento.
Claudia López, alcaldesa de Bogotá, pidió a las manifestantes que no se aglomeren ya que las movilizaciones se convocaron en la zona de mayor contagio de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) de la ciudad.
“Respetando sus motivaciones, hago un llamado a la sensatez a las organizaciones que a esta hora protestan con bloqueo en el portal de las Américas. ¡Están formando una aglomeración en la zona de mayor contagio de la ciudad! Por su vida y la de los demás no se aglomeren ni bloqueen”, manifestó López.
El pasado jueves, la Fiscalía General de la Nación en Colombia informó que los siete soldados fueron imputados por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, entre los que se encuentran “seis en calidad de autores y uno más como cómplice”.
La entidad sostuvo que los cargos fueron aceptados por los uniformados. “Se produce un resultado contundente en un hecho doloroso para los colombianos”, afirmó en una rueda de prensa el fiscal general, Francisco Barbosa.
La imputación de cargos, sin embargo, fue rechazada por algunos sectores en Colombia que pedían una acción más contundente de la Fiscalía y una judicialización por acceso carnal violento.
La indignación y reclamos se generaron porque el delito por el que fueron judicializados los siete soldados, según expresó la congresista colombiana, Katherine Miranda, implica que “pudo haber consentimiento por parte de la menor”.
Los delitos sufridos por la niña de 12 años y perpetrados por los soldados fueron denunciados por Juan De Dios Queragama, gobernador indígena del resguardo Gitó Dokabú del pueblo embera.
anadolu
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