Moncloa ha decidido ocultar al PP las alertas relacionadas con el Covid-19 que el Departamento de Seguridad Nacional envió directamente al jefe del Ejecutivo,Pedro Sánchez, desde el pasado 17 de noviembre. Según ha podido saber ABC, el Ejecutivo ha dejado sin respuesta la petición de las notas diarias y semanales enviadas por este órgano al presidente del Gobierno desde el «momento en el que se diagnosticó el primer caso mundial de coronavirus». Una iniciativa cursada en el Congreso por los diputados populares Juan Antonio Callejas, Adolfo Suárez Illana, Carlos Aragonés y otros siete parlamentarios más, el pasado 24 de marzo.
Esta petición incluía también «la copia de cuantos informes y documentos que el Departamento de Seguridad Nacional haya realizado y que guarden relación con el coronavirus» desde la misma fecha, así como todos los datos y documentos utilizados en la comisión interministerial sobre el coronavirus, sus actas y conclusiones.
Oleada de demandas
Las notas semanales que el citado órgano remite a Sánchez son utilizadas por éste en sus despachos ordinarios con el Rey. Se trata de una información muy sensible, que contiene las alertas más importantes enviadas desde las embajadas españolas en el extranjero o las redes de inteligencia. Este material implica directamente al jefe del Ejecutivo en la toma de decisiones al serle enviado a él, sin intermediarios, de manera cifrada a primera hora de cada mañana.
Si el Departamento de Seguridad Nacional hubiera alertado a Sánchez de la peligrosidad que el virus estaba teniendo en otros países como China o Italia, éste no podría seguir argumentando que desconocía el riesgo y que por ello no tomó medidas hasta mitad de marzo. Una cuestión clave ante la oleada de demandas judiciales que se han anunciado contra el Ejecutivo por su cuestionada gestión de la pandemia. De hecho, el pasado 24 de enero el Departamento de Seguridad Nacional advirtió abiertamente que «los datos disponibles muestran con evidencia una transmisión persona-persona» y que «las infecciones entre personal sanitario apoyan esta transmisión». Un aviso incluido en las notas que este órgano publica en su página web para informar a la ciudadanía. Qué menos que suponer que transmitió estas ideas al jefe el Gobierno.
Luz verde del Congreso
La iniciativa de los diputados populares recibió la luz verde de la Mesa de la Cámara y fue calificada el pasado 30 de marzo, de manera que hace ya más de un mes, el 20 de mayo, que concluyó el plazo reglamentario que obliga al Gobierno a suministrar la documentación que le sea solicitada por la oposición. No en vano, el Reglamento del Congreso establece en su artículo 7 que los diputados podrán requerir cuánta infomación o documentación estimen oportuna para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, y que la Administración requerida deberá facilitarla o manifestar a la Presidencia del Congreso las razones fundadas en derecho que lo impidan. El plazo establecido es de treinta días laborables.
Sin embargo, al cierre de esta edición, el Ejecutivo no ha respondido, ni siquiera parcialmente, a la petición formulada por el PP ni tampoco ha justificado su silencio. Ya en vista del agotamiento del plazo, Callejas elevó un recurso de amparo a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, el pasado 18 de junio solicitando, de nuevo, que les sean entragados los citados informes o «se justifiquen las razones que lo impiden».
Buscar confusión
Dado el silencio del Ejecutivo, los citados diputados también reclamaron al Gobierno, ese mismo día, el número de reuniones celebradas por el Comité de Situación de Seguridad Nacional desde el 1 enero de 2019 con copia de todas sus convocatorias, órdenes del día, actas de las sesiones y documentos e informes tratados en las mismas. Además, este martes ahondaron en su ofensiva solicitando la copia de todos los documentos e informes utilizados y tratados en el Consejo de Seguridad Nacional que el Rey presidió el pasado lunes, 22 de junio.
Además de ocultar toda esta información, el Gobierno intenta parapetarse en una estrategia de confusión. Desde Moncloa se insiste una y otra vez en que el Consejo de Seguridad Nacional infravaloró el riesgo de pandemia y que tan solo diez días antes del estado de alarma dio luz verde a un informe que señalaba que esta amenaza era una de los más improbables. Sin embargo, este órgano es completamente distinto del Departamento de Seguidad Nacional. Ambos son pilares del Sistema de Seguridad Nacional pero el Consejo tiene un carácter eminentemente político mientras el Departamento es íntegramente técnico.
El primero está presidido por Pedro Sánchez y se sientan en él un total de quince miembros de su Gobierno. Ajenos al Ejecutivo, tan solo participan el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y el Director del Centro Nacional de Inteligencia. La función de este órgano se limita a asistir a Sánchez en la dirección de la política de Seguridad Nacional y reunirse contadas veces al año. Si este consejo minusvaloró la amenaza de Covid-19, la responsabilidad se encuentra en la abrumadora mayoría política que lo conforma.
El Departamento de Seguridad Nacional, en cambio, está dirigido por el general de brigada del Ejército de Tierra Miguel Ángel Ballesteros, de reputación intachable. Este órgano recibe multitud de informaciones y alertas tanto nacionales como internacionales y trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana, y su función principal es el seguimiento y gestión de crisis, así como mantener comunicadoal presidente del Gobierno de las cuestiones más relevantes.
Tribunales
Una vez que el PP ha recurrido en amparo a la presidenta de la Cámara, el Gobierno vuelve a recibir las peticiones de documentación. Si decide volver a dar la callada por respuesta estaría incurriendo en una doble vulneración del Reglamento. El PP no tendría otro camino que recurrir a la Justicia lo que dilataría el acceso a estos ficheros. Sin embargo, esta maniobra acrecentaría las sospechas de que en esa documentación pueden encontrarse datos que impliquen directamente a Sánchez.
abc
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