Por: Andrea Aguilar Córdoba

La justicia chilena acogió un recurso de amparo presentado por un grupo de inmigrantes colombianos en contra de la Cancillería, luego de que el Gobierno de Sebastián Piñera exigiera una declaración jurada de no retornar al país en nueve años, además, la aceptación de una prohibición de ingreso impuesta posteriormente por el Ministerio del Interior. Esto, en caso de ser beneficiados con un vuelo humanitario que les permita retornar en medio de la crisis humanitaria generada por el coronavirus.

La acción de amparo fue presentada por la Coordinadora Nacional de Migrantes argumentado que este documento ponía como una obligación renunciar a un derecho fundamental e imponía una restricción a la libertad de desplazamiento que iba contra la Constitución chilena.

“No existe ningún fundamento legal aplicable válidamente para poder imponer estas medidas. Por tanto, no es una medida de carácter voluntario y menos humanitario, siendo que la gente accede a firmar este documento forzada por el Estado, quien se aprovecha de la necesidad y de la gran vulnerabilidad de estas personas que están en extrema necesidad”, señaló a la Agencia Anadolu Rodolfo Noriega, vocero de la coordinadora.

Sin embargo, esta medida no es nueva. Está contemplada desde hace dos años en el “Plan Humanitario de Regreso Ordenado”, dirigido a frenar la masiva llegada de haitianos al país, y aprobado por el Gobierno de Sebastián Piñera en el 2018, en medio de una polémica, ya que se califica a esta iniciativa como un sistema de deportaciones encubiertas.

Claudia Mazo, una colombiana que busca desde hace varias semanas un vuelo para regresar a su país, ayudó a coordinar la acción, acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago, al señalar que no tiene por qué salir expulsada de un país en el que lo único que ha hecho, durante seis años, es trabajar.

“Estoy esperando un vuelo humanitario. Hasta ahora han salido tres y dijeron que el del 9 de junio era gratis y que por eso había que firmar esa cláusula. Yo en este país no he cometido ninguna falta y no voy a salir como delincuente”, le dijo Mazo a la Agencia Anadolu.

Claudia llegó en el 2014 a Chile, huyendo de amenazas de muerte en su natal Medellín, a causa de la labor que realizaba en la Unidad de Víctimas. Aunque su estatus de solicitante de asilo no ha sido considerado para los vuelos de repatriación, lo único que quiere es volver a su país en medio de la pandemia, para estar con su familia. “Soy hija única, mi mamá vive en una finca fuera de la ciudad. Ella está sola y enferma. Aquí la situación se ha puesto difícil, hay mucha xenofobia, el clima no acompaña. Ahora con lo de la pandemia pienso que si me voy a morir, me quiero morir al lado de los míos”.

El vuelo que estaba programado para este martes, en el que se irían al menos 200 colombianos y que traería de vuelta a los chilenos varados en el país cafetero, fue cancelado, y la única opción que han recibido los 350 inmigrantes, que acampan desde hace semanas en el consulado, ha sido la de acceder a vuelos por los que deben pagar si quieren retornar.

“Nos preocupa que carezcan de medios para desplazarse a sus países. Nosotros hemos tenido una política de puertas abiertas, hemos ido a buscar a los chilenos, le hemos facilitado el retorno, así que esperamos algo semejante en lo que respecta a otros países con sus propios nacionales”, señaló el canciller de Chile, Teodoro Ribera.

Las autoridades de Providencia y de la comuna de Santiago en la que están acampando han denunciado riñas entre los inmigrantes colombianos y han señalado que no han querido acceder a los albergues ofrecidos por la municipalidad.

“Se les ha ofrecido albergues con colchones, con cuatro comidas diarias y no se quieren mover. Viene una lluvia bastante severa, puede que venga nieve y, lamentablemente, debo decir que no hay vuelos de repatriación ni a Colombia ni a Venezuela. No sacan nada con seguir en la calle”, señaló la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Matheii aseguró que no habrá vuelos de repatriación y que, en el caso de Colombia, los vuelos comerciales cuestan 500 dólares por persona, y quienes no cuentan con ese dinero no podrán abordar el avión, y además deberán pagar un lugar al llegar a Bogotá para hacer su cuarentena.

anadolu

Etiquetas: