Al cabo de cuatro años de trabajo lento, el Vaticano ha establecido por fin las normas de transparencia en concursos de contratos públicos de obras, suministros y mantenimiento, adjudicados hasta ahora «a dedo», y ha incorporado a sus leyes los principios de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, según informa este lunes la Oficina de Prensa.

Las nuevas «Normas sobre la transparencia, el control y la competencia en los contratos públicos de la Santa Sede y del Estado Ciudad del Vaticano», promulgadas por el Papa, incorporan lo que es rutinario desde hace tiempo en todos los países europeos y casi todos los del mundo. Hasta ahora, los contratos tendían a otorgarse a empresas «de confianza» de los gestores de cada uno de los sesenta o setenta organismos del Vaticano.

Según el presidente del Tribunal del Vaticano, Giuseppe Pignatone, la normativa permitirá «realizar ahorros notables como resultado de una competencia más amplia y correcta entre los operadores económicos que podrán inscribirse en el Registro».

Se trata sobre todo, de empresas de construcción, suministros y mantenimiento, proclives hasta ahora a operar en régimen de intercambio de favores con funcionarios vaticanos y pactos entre ellas para manipular los presupuestos y los costes finales.

El máximo juez del pequeño Estado añade que «el recorte de gastos es extremadamente actual e importante en estos momentos de graves dificultades económicas, desgraciadamente llamadas a durar, en el mundo entero y, específicamente, la Santa Sede y el Estado Ciudad del Vaticano».

Según el presidente del Tribunal del Vaticano, la normativa manifiesta «un empeño renovado y decidido contra el riesgo de corrupción», que ha dado lugar un desproporcionado número de escándalos en las ultimas décadas. La sala de primer grado del Tribunal será competente en los conflictos o recursos que surjan en este terreno, asumiendo por primera vez una especialización en derecho administrativo.

El Registro único de empresas autorizadas a presentarse a concursos de contratas excluirá las investigadas o condenadas por «participación en organizaciones criminales, corrupción y fraude» o «reciclado de ingresos procedentes de actividades criminales», así como las que evadan impuestos o tengan su sede en paraísos fiscales.

Habrá también un registro único de empleados del Vaticano habilitados para actuar, frecuentemente por sorteo, como expertos o adjudicadores. En cada concurso de obras y suministros se excluirán los parientes «hasta el cuarto grad» de las empresas que compiten, así como los socios o afines hasta el «segundo grado». En definitiva, se trata de poner fin, internamente, al nepotismo y los conflictos de intereses.

Según el profesor de Derecho Internacional, Vincenzo Buonomo, rector de la Pontificia Universidad Lateranense y consejero de Estado del Vaticano, la nueva ley «permitirá eliminar la plaga de los dispendios, las pérdidas y, por lo tanto, prevenir la corrupción en sus diversas formas».

La normativa es un nuevo refuerzo de los poderes de la Administración del patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), que supervisará ahora los contratos de todos los departamentos excepto los del Estado del Vaticano.

A su vez, la secretaria de Economía, que tiene funciones de coordinación y revisión, publicará cada seis meses «la lista de precios y de los respectivos servicios» de cada concurso adjudicado, así como la lista de los profesionales que han intervenido para valorarlo y otorgarlo.

Ni la Santa Sede, que reúne los organismos religiosos jurisdiccionales, ni el Estado del Vaticano, que se ocupa del territorio material, han publicado nunca detalles significativos de sus balances. Desde 2016 no publican ni siquiera los resultados finales, que al parecer son crónicamente deficitarios desde entonces.

Hace tres semanas, el nuevo secretario de Economía, Juan Antonio Guerrero, reveló que el presupuesto de la Santa Sede para 2020 preveía gastos por valor de 322 millones de euros, con un déficit de 53 millones.

Según sus nuevos cálculos, la pandemia disminuirá los ingresos, por lo que el déficit de este año se elevará en el mejor de los casos a 68 millones de euros y en el peor de los tres escenarios previsibles a 146 millones.

A su vez, el Estado del Vaticano pasará a tener también déficit, pues se financiaba casi totalmente con los ingresos de los Museos vaticanos, que han estado cerrados tres meses, apenas recibirán visitantes internacionales hasta el otoño y, en todo caso, reducirán el número de visitantes diarios mientras dure la pandemia.

abc

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