La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela rechazó la decisión de la Fiscalía de ese país de pedirle al Tribunal Supremo de Justicia declarar al partido opositor Voluntad Popular (VP), en el que militó el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, como una "organización criminal con fines terroristas" por sus supuestos vínculos con una incursión armada fallida desde Colombia.

El Parlamento, de mayoría opositora, aprobó un acuerdo con 11 fundamentos jurídicos en el que declaró la decisión como una “pretensión inconstitucional e ilegítima”.

En uno de sus considerandos, la AN señaló que el Gobierno “ilegítimo” del presidente Nicolás Maduro “ha utilizado al Poder Judicial (…) para dictar sentencias inconstitucionales con el objeto de interpretar principios y normas de carácter vinculante que deforman lo que establece la Constitución” venezolana y pactos y tratados internacionales.

En el acuerdo, los diputados reiteraron “el absoluto desconocimiento” a los ciudadanos que “en nombre del régimen criminal” de Venezuela “usurpan altos cargos y magistraturas del Estado venezolano, como la Fiscalía General o el Tribunal Supremo de Justicia”, por haber sido designados en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), controlada por el oficialismo.

La AN manifestó su “más absoluto respaldo” a los miembros de Voluntad Popular y todas las demás organizaciones “con fines políticos que han sido objeto de persecución” por parte de las autoridades venezolanas. 

Igualmente, le hizo un llamado a la comunidad internacional para que “aceleren y profundicen las diversas investigaciones” sobre los supuestos vínculos entre funcionarios de alto nivel del Gobierno Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y miembros de grupos como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las antiguas FARC, en Colombia, la Guardia Revolucionaria Iraní, el Frente Popular para la Liberación de Palestina e incluso miembros de ETA, según el documento oficial, aprobado en una sesión virtual.

En la víspera, el fiscal venezolano Tarek William Saab presentó al la máxima corte del país un recurso de interpretación de dos artículos (31 y 32) de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo para declarar al partido opositor como un grupo “criminal” y disolverlo.

Saab atribuyó a VP de promover acciones desestabilizadoras “en plena pandemia” del coronavirus COVID-19, haciendo referencia a una supuesta “incursión naval" el pasado 3 de mayo liderada desde Estados Unidos y apoyada por Colombia.

Pero también culpó al partido y sus dirigentes de “presionar a AT&T para que sacara a DirecTV de Venezuela y pedir a los EE.UU. que impidiera que los tanqueros iraníes llegaran al país para traer gasolina y aditivos”, entre otros hechos.

anadolu

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